El Consejo de Gobierno ha sido informado por la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública del Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030, que prevé movilizar 1.500 millones de euros para actuar en los 85 partidos judiciales del territorio con el objetivo de crear un modelo de Justicia para Andalucía, en el marco del Plan Estratégico de Justicia puesto en marcha por el Gobierno andaluz. De esta forma, Andalucía será el único territorio que actúe en el 100% de sus partidos judiciales.
Se trata del plan más ambicioso que existe en infraestructuras judiciales en todo el país, con un esfuerzo inversor sin precedentes y que va a suponer un cambio radical en la forma de organizar, administrar y gestionar la justicia en nuestra tierra. Contempla actuaciones de construcción y rehabilitación de edificios judiciales para acabar con la actual dispersión de órganos y adecuar las instalaciones en las que trabajan casi 10.000 profesionales a una Justicia moderna y digital, en la que se hace la transición del papel al dato, accesible, sostenible y que preste el mejor servicio a la ciudadanía.
La Administración de Justicia es un servicio esencial en un Estado de Derecho, que además ofrece seguridad jurídica, clave para cualquier inversor que quiera desarrollar una actividad económica en la comunidad autónoma. Por ello, desde 2019, para el Gobierno andaluz ha sido una prioridad acabar con los grandes problemas que presenta la Justicia, sin un modelo para resolverlos y ante los que se tuvieron que adoptar medidas de emergencia y poner en marcha planes de choque para dar solución rápida a partidos judiciales como Barbate (Cádiz), Almuñécar (Granada) o Lebrija (Sevilla). Igualmente, se pusieron en marcha proyectos como la nueva sede judicial de Lucena (Córdoba) y desbloquear la Ciudad de la Justicia de Sevilla mediante la compra del Campus de Palmas Altas con una inversión de 70 millones de euros.
En esta legislatura, se ha acometido el estudio, análisis y diálogo imprescindibles para diseñar un proyecto de presente y futuro que prevé completar la red de ciudades de la Justicia en todas las capitales andaluzas (se podrán en marcha las de Cádiz, Huelva, Granada, Jaén y se completará la de Sevilla), ya que hasta ahora sólo disponen de estas instalaciones Málaga, Almería y Córdoba; dotar a las ciudades de más de 100.000 habitantes de grandes complejos judiciales (Algeciras, Marbella, Roquetas de Mar, Dos Hermanas y Jerez de la Frontera); 34 actuaciones, entre obra nueva y rehabilitación, en las cabeceras de partidos judiciales; así como otras 16 en partidos de municipios más pequeños para mejorar sus instalaciones.
De esta forma, el Plan incluye además de 60 grandes actuaciones entre obra nueva y rehabilitación de sedes, intervenciones de mejora de accesibilidad en los edificios judiciales, así como de sostenibilidad medioambiental, para disponer de inmuebles eficientes energéticamente; igualmente, se van a realizar trabajos para mejorar la asistencia a víctimas vulnerables. Así se actuará en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces, incrementando en más de un 90% la superficie que ocupan actualmente los órganos judiciales. Con ello se ahorrará en alquileres, ya que se pasará de un gasto anual de 17 millones de euros a 1,7 millones.
Para acometer este ambicioso plan guardando un equilibrio financiero, el Gobierno andaluz ha apostado por el diálogo y la colaboración entre administraciones, así como con la iniciativa privada y fórmulas imaginativas para poder destinar a la Justicia recursos que hasta ahora nunca se habían usado en esta materia, como los fondos europeos para intervenir en partidos judiciales del medio rural y edificios patrimoniales. Así, se han alcanzado acuerdos con once ayuntamientos y diputaciones, de todo signo político y de distintas provincias, para acometer algunos de estos proyectos mediante la colaboración público-pública, de forma que son las entidades locales quienes construirán los edificios con el compromiso de la Junta de Andalucía de abonar un canon anual durante 30 años que les permitirá recuperar la inversión realizada en un 150%. Roquetas de Mar (Almería); Torrox (Málaga); Carmona, Dos Hermanas, y Alcalá de Guadaíra (Sevilla), son algunas de las sedes judiciales que se construirán gracias a la implicación de sus ayuntamientos.
Con las diputaciones provinciales ya se han suscrito protocolos para que la de Málaga acometa la construcción de la sede de Torremolinos y la de Huelva el nuevo edificio para los juzgados de Ayamonte en terrenos cedidos por sus respectivos consistorios, en un acuerdo a tres bandas. Además de esta fórmula de colaboración entre administraciones, la concesión de obra pública a la iniciativa privada permitirá desbloquear proyectos muy demandados como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Huelva y Jaén.