El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio de la tramitación del futuro decreto por el que se creará el Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía, con el que se pretende contar con un sistema de información, continuamente actualizada, sobre los perfiles de los menores infractores, las tipologías de delitos que cometen, las medidas que imponen los jueces o el funcionamiento de los centros y servicios que gestiona el Gobierno andaluz para su cumplimiento.
El objetivo es contar con información, cuantitativa y cualitativa, para su análisis y difusión por parte de investigadores y profesionales que contribuya a mejorar la toma decisiones y el diseño de políticas para lograr el mayor porcentaje de éxito en la prevención, reeducación y reinserción de los conflictos con menores.
La Ley del Menor cumplirá 25 años en enero de 2025 y, en este tiempo, la población de personas menores infractoras refleja los cambios que se producen en la sociedad andaluza y, en particular, los conflictos que en ella se generan. Los perfiles de esta población, tanto en lo que respecta a la tipología de ilícitos penales que motivan las medidas judiciales como a su origen social o familiar y a las características personales, han variado de manera sustancial.
El sistema de Justicia Juvenil de Andalucía es un referente nacional y europeo por el grado de éxito del trabajo con los menores infractores que cumplen medidas de internamiento o régimen abierto en los centros y servicios gestionados por la Junta de Andalucía, que cuenta con 13 centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con más de 700 plazas (incluidas unidades terapéuticas para aquellos con problemas de adicciones o trastornos mentales), 17 grupos Educativos de Convivencia (GEC), ocho Servicios Integrales de Medio Abierto (SIMA), convenios con ayuntamientos y ONG para el cumplimiento de la libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Las medidas judiciales impuestas a los menores tienen una naturaleza principalmente educativa, por lo que es imprescindible una adecuación continua de la intervención socioeducativa a las necesidades cambiantes del perfil de los jóvenes para optimizar las posibilidades de lograr su recuperación para la sociedad. En la actualidad, la Junta de Andalucía dispone de información cuantitativa básica sobre las medidas que se ejecutan en los centros y servicios de Justicia Juvenil, así como la edad, sexo, nacionalidad y delito cometido de los menores. Sin embargo, planificar de forma eficiente los recursos para la ejecución de estas medidas judiciales, adecuar la intervención socioeducativa a los perfiles cambiantes de los menores y valorar la calidad de los programas desarrollados, requiere un conocimiento más amplio que incluya variables cualitativas sobre aspectos personales, familiares y sociales que le rodean.
La creación del Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía permitirá la participación colegiada y activa de los distintos sectores sociales y profesionales interesados en el conocimiento, estudio, diseño de estrategias y toma de decisiones orientadas a la mejora de la intervención. Del mismo modo, posibilitará que los grupos de interés y la sociedad en su conjunto sean partícipes en todo momento de la estrategia pública en esta materia, opinen sobre ella y proporcionen una valiosa información continuamente actualizada.
Para ello será de gran utilidad la reciente implantación del nuevo sistema de información de Justicia Juvenil PRISMA, que permite a jueces, fiscales y profesionales de los centros y servicios donde éstos cumplen medidas compartir información actualizada para seguir su evolución, algo que hasta ahora no era posible. Andalucía ha sido pionera en la implantación de este sistema, que permite crear un expediente único digital de cada menor con toda la información y el tratamiento de datos para el análisis, ya que elimina los datos personales para que la información pueda ser usada en investigaciones y análisis.