El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la puesta en marcha el 1 de mayo del primer Servicio de Mediación Penal para Adultos (SMPA) público, gratuito y universal en el marco de la estrategia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como vía alternativa a la litigiosidad. El presupuesto inicial para su puesta en marcha asciende a 1.123.043,60 euros (IVA incluido) mediante adjudicación pública de los contratos de gestión en cada provincia con una duración inicial de 12 meses prorrogable.
Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de litigiosidad, con 156,8 asuntos por cada de 1.000 habitantes en 2023, sólo superada por Canarias. La mediación es una fórmula que ahorra costes, tiempo y ofrece una solución satisfactoria para las partes, ya que se basa en el acuerdo entre ambas. Extender su uso permitirá a los órganos judiciales contar con más tiempo para atender los asuntos de mayor complejidad, agilizando así las resoluciones de los procesos.
Además, según estudios elaborados por las distintas cámaras de comercio, el coste de un procedimiento judicial completo alcanza los 8.000 euros, mientras que la mediación no superaría los 2.000 euros. Por ello, desde la pasada legislatura, la Junta de Andalucía está apostando por impulsar vías alternativas de solución de conflictos. En 2020 se pusieron en marcha los Puntos de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA) y comenzó a funcionar un servicio de mediación penal de menores en el sistema de Justicia Juvenil, que el año pasado llevó a cabo 2.276 mediaciones con menores infractores de las que el 80% acabaron con conformidades.
El éxito de esta experiencia ha llevado al Gobierno andaluz a promover una estrategia de mediación en Andalucía para seguir impulsando esta vía, con medidas pioneras como incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Así, la nueva orden que regula las compensaciones económicas a abogados y procuradores del turno de oficio, en vigor desde el 1 de enero de este año, incluye por primera vez la retribución con hasta 400 euros de su trabajo en procesos de mediación en caso de acuerdo.
Andalucía es la única comunidad autónoma que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita, de forma que los profesionales son compensados y cualquier ciudadano con derecho a un abogado de oficio puede solicitarlo para este tipo de procesos. La creación del Servicio de Mediación Penal de Adultos es un paso más en esta apuesta por la mediación. Así, el Gobierno andaluz pone a disposición de los órganos judiciales, Fiscalía, operadores jurídicos y ciudadanía en general, un medio alternativo o complementario a la vía judicial para solucionar conflictos gratuitos.
Tendrá sede en las ocho capitales andaluzas y desde ahí, mediante un servicio itinerante, se atenderá al resto de partidos judiciales. Cada servicio provincial contará con un equipo de tres profesionales expertos en mediación penal y justicia restaurativa. El SPMA actuará de forma coordinada con otros servicios como el PIMA, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA) o el Servicio de Mediación Penal de Menores.
El próximo 1 de mayo comenzará a funcionar en Almería, Granada, Jaén, Huelva y Sevilla, mientras que el resto de las provincias iniciarán su andadura en el segundo semestre del año. Las entidades adjudicatarias para la gestión del servicio en las cinco provincias donde se pondrá en marcha inicialmente han sido VICFAM en Almería, AVIDE en Jaén y Granada, ATENIN en Huelva y HACAN en Sevilla.
Así, la Consejería de Justicia ha elaborado un protocolo de derivación judicial en colaboración con jueces, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia, que será remitido a Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Fiscalía Superior y Secretaría de Gobierno del TSJA para su toma de conocimiento y aprobación.
Al SPMA se podrán derivar asuntos relacionados con cualquier tipo de delito salvo los relacionados con la violencia de género o sexual, donde está vetado legalmente. En el protocolo se propone comenzar con los delitos leves, siguiendo las experiencias llevadas a cabo en Navarra o País Vasco. Además, la Consejería de Justicia está tramitando la creación de un Consejo Andaluz de la Mediación y la elaboración de un Registro de profesionales y entidades de mediación para que los andaluces puedan acceder a un listado de especialistas en la materia.