El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del inicio, por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de la tramitación de la orden por la que se regulará la acreditación y las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos y se aprueban sus métodos de captura en Andalucía.
Cabe recordar que Andalucía cuenta con más de 256.000 personas cazadoras con licencia, estando más de 100.000 federadas, más de 7.500 cotos de caza privados o deportivos, y con Reservas Andaluzas de Caza que abarcan el 81% del territorio y casi 7 millones de hectáreas. Además, la caza es uno de los grandes elementos aportadores a nuestro PIB, de gran importancia como recurso en determinadas zonas y comarcas de Andalucía y para el medio rural, siendo elemento clave para su desarrollo económico y social y, en consecuencia, para la lucha contra la despoblación. Así, el Gobierno andaluz, además de reivindicar la legalidad de la actividad, está comprometido con una práctica cinegética responsable, racional y sostenible para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los hábitats y los equilibrios biológicos.
En este contexto, la regulación del control de predadores cinegéticos mediante medios de captura homologados es una demanda del sector, que considera adecuado su uso como herramienta de gestión para el mantenimiento y conservación de las poblaciones de las especies silvestres en general, algo que la Junta de Andalucía aborda con esta orden de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y que se basa en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en la Estrategia Nacional Cinegética, en el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía y, sobre todo, en el Plan Andaluz de Caza 2023-2033.
Este Plan, aprobado en el Decreto 232/2023, evalúa la situación de los predadores destacando el incremento de algunos, como el meloncillo, que merecen ser estudiados desde el campo académico, mientras que otros casos deben ser abordados desde la concienciación y educación de la ciudadanía para lograr una tasa de abandono cero de mascotas y de control no letal de ejemplares libres que reduciría la incorporación de nuevos individuos asilvestrados, como los casos de los perros abandonados y gatos ferales. Dichos incrementos tienen un efecto adverso en las especies cinegéticas de caza menor y en el conjunto de la biodiversidad.
En paralelo, el uso de venenos para eliminar animales silvestres provoca daños a la ganadería y a la caza, siendo una de las mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad en España. En este sentido, el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía recoge la propuesta de un sistema para la gestión del control de depredadores y el análisis de los métodos de control que pudieran ser objeto de empleo excepcional.
Así, con la orden que ahora inicia su tramitación se pretende regular las funciones de las personas controladoras de predadores cinegéticos, los requisitos de acceso a esa cualificación, aptitud y conocimiento, regulando asimismo las entidades homologadas para la acreditación; las especies predadoras objeto de control, los métodos de captura de predadores homologados y el procedimiento de homologación para nuevos métodos; y el procedimiento de autorizaciones para el control de predadores con los métodos de captura homologados y las condiciones de manejo de los ejemplares.
Esta futura norma supondrá un nuevo impulso a la gestión del sector cinegético y del medio natural, que precisaba de una regulación en el ámbito andaluz para dar respuesta a las indicaciones y recomendaciones establecidas en el propio Plan Andaluz de Caza y en el Plan de Acción para la Erradicación del uso ilegal de cebos envenenados en Andalucía, además de ser un instrumento clave para la protección de la caza menor.