El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las medidas puestas en marcha por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para la gestión y el control poblacional del meloncillo (Herpestes ichneumon) en Andalucía, dado que la acción depredadora de este mamífero carnívoro podría dar lugar a daños en poblaciones silvestres de otras especies y en la ganadería en momentos concretos.
La Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Caza suscribieron en 2022 un protocolo entre cuyos objetivos se señalaba la necesidad de avanzar en el establecimiento de un marco legal actualizado y adecuado para el desarrollo de la actividad cinegética de manera sostenible y responsable en Andalucía, en especial en lo relativo al control de predadores cinegéticos y establecimiento de la acreditación de las personas controladoras en Andalucía, velando especialmente por normas cuyo objetivo sea la protección de la caza menor en Andalucía. De igual modo, el Plan Andaluz de Caza 2023-2033 recoge que el incremento natural de algunos predadores, como el meloncillo, merece ser estudiado desde el campo académico, hecho que se materializó en el convenio firmado con la Unidad de Investigación en Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba para asesoramiento técnico.
Así, durante la celebración de unas jornadas taller sobre la ‘Evaluación de la situación del meloncillo en Andalucía’, se concluyó que el control de la población de meloncillos debe pivotar sobre la promoción del monitoreo continuado y sistematizado para conocer la situación de las poblaciones de meloncillo y sobre la implementación de un sistema de control de los daños ocasionados por el predador.
Tomando como base dichas conclusiones, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha redactado unas instrucciones de carácter técnico en virtud de las cuales las personas interesadas afectadas podrán solicitar la autorización excepcional para el control de daños ocasionados por el meloncillo, utilizando el modelo de solicitud recogido en el Decreto 23/2012 que regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
En dichas instrucciones se contemplará el carácter preceptivo de la correspondiente visita de inspección y de la elaboración de un informe técnico con carácter previo a la autorización que recogerá entre otros aspectos el ámbito espacial, la especificación del objetivo o razón de la excepción al régimen general de protección; la especie y el número de ejemplares a que se refiere; los medios o métodos para emplear y sus limitaciones, así como el personal cualificado que los pondrán en práctica; las condiciones de riesgo y las circunstancias de tiempo y lugar en que se desarrollará; los controles que se ejercerán y las compensaciones que, en su caso, se puedan establecer en los supuestos en que, como consecuencia de la actuación autorizada, se produzcan daños irreversibles en los hábitats o poblaciones de las especies de la flora o la fauna silvestres que sean objeto de control.
De esta forma, el Gobierno andaluz da respuesta a una demanda por parte de colectivos de cazadores y ganaderos en orden a la gestión de esta especie, al considerar que las medidas de control pueden ser positivas como herramientas de dicha gestión para determinadas explotaciones ganaderas, así como para el mantenimiento y conservación de poblaciones silvestres de caza menor como el conejo (Oryctolagus cuniculus) y la perdiz (Alectoris rufa), aportando una solución basada en el conocimiento científico a esta demanda para esos casos concretos en los que se verifique la existencia de daños.