El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del Anteproyecto de Ley de Impulso y Promoción de la Producción Ecológica y otras producciones agrarias y pesqueras sostenibles en Andalucía, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. A través de esta norma, la Junta de Andalucía busca reforzar la promoción y el consumo de productos ecológicos en la comunidad tanto a nivel de la ciudadanía como por parte de los organismos e instituciones.
Con la futura ley, se pretende establecer un marco normativo que haga posible el impulso y la promoción de la producción ecológica y otros métodos de producción agraria y pesquera sostenible en el ámbito competencial autonómico. Para ello, se han establecido objetivos estratégicos entre los que destacan el incremento de la sostenibilidad en el sistema agroalimentario andaluz a través de la reducción de su huella medioambiental y el fomento de la economía circular.
La producción ecológica andaluza, que se encuentra en auge, presenta una importancia económica cada vez mayor. Andalucía es líder nacional y europeo en ecológico y cuenta con una superficie de 1,3 millones de hectáreas cultivadas, aproximadamente el 30% de la superficie agraria de la comunidad. El número de operadores está por encima de 22.500, con aproximadamente 5.400 explotaciones ganaderas y más de 3.300 industrias bajo esta certificación.
El Gobierno andaluz subraya la necesidad de acercar el crecimiento de las producciones a los índices de consumo. Así, el sector ha solicitado una adecuación del marco legislativo para introducir medidas dirigidas al fomento del consumo e impulso de la producción ecológica, algo que pretende ofrecer la futura ley.
En cuanto a los productos pesqueros certificados, la Junta de Andalucía destaca su importante crecimiento en los últimos años, tanto en la acuicultura como en la captura silvestre certificada, a través de una variedad de diferentes programas de certificación. La producción pesquera y acuícola sostenible representan beneficios que pasan por la conservación de los recursos pesqueros, la protección del medio ambiente mediante la reducción del impacto ambiental de la pesca y la acuicultura, así como la mejora de las condiciones sociales de los trabajadores mediante la promoción del bienestar animal.