El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del informe sobre la aplicación de la Ley de Regulación de la Eutanasia a lo largo de 2023 en Andalucía, que recoge que 24 personas, de un total de 56 solicitantes, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir en la comunidad autónoma el año pasado.
El informe, elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de Andalucía, dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, detalla que 16 de las 56 solicitudes de la prestación no dieron lugar a la tramitación del expediente por desistimiento (dos), fallecimiento antes del inicio de la tramitación (ocho), encontrarse en fase de estudio (cuatro) y por tener informe desfavorable por parte del médico responsable que no han sido objeto de reclamación (dos).
Las 40 solicitudes restantes dieron lugar a la apertura del expediente por parte de la comisión, de las que 24 tuvieron resolución favorable y se completó la prestación; una ha tenido una resolución favorable, pero ha pedido aplazamiento; seis fallecieron durante la tramitación, y las nueve restantes han recibido resoluciones desfavorables. Por sexo, 23 de estas solicitudes fueron presentadas por hombres y 17 por mujeres. Por provincias, en Almería se presentaron cuatro solicitudes que dieron lugar a la apertura de expediente; ocho, en Cádiz; cuatro, en Córdoba; dos, en Granada; una, en Huelva; una, en Jaén; trece, en Málaga; y siete, en Sevilla.
Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que condujeron a solicitar la ayuda médica para morir son los procesos neurodegenerativos (en un total de 19 expedientes), procesos pluripatológicos o crónicos complejos (diez expedientes) y procesos oncológicos (siete expedientes). De forma mayoritaria, en concreto en el 82,5% de los casos, las solicitudes se inician en el ámbito de la Atención Primaria por la proximidad del paciente, la familia y el hogar familiar. Tres de las personas que recibieron la prestación donaron sus órganos, con los que se pudieron salvar 12 vidas gracias a la extracción de seis riñones, tres hígados, dos pulmones y un páncreas.
En total, diez personas que habían recibido una resolución desfavorable reclamaron ante la comisión esta decisión. De estas reclamaciones, sólo una fue resuelta favorablemente, ocho desfavorablemente y una quedó pendiente de pronunciamiento a expensas de una nueva certificación del médico responsable sobre el cumplimiento de los requisitos para la realización de la prestación. Desde noviembre de 2021, cuando se creó el registro, hasta diciembre de 2023, 1.340 profesionales sanitarios se han acogido a la objeción de conciencia.
Datos acumulados
Desde que entró en vigor la Ley de Regulación de la Eutanasia, 137 personas han solicitado la prestación (81 en 2022 y 56 en 2023), de las que 53 la recibieron (29 y 24, respectivamente); se han tramitado 92 expedientes (52 y 40, respectivamente) y no se inició la tramitación de 45 solicitudes (29 y 16). Por provincias, en 2022, recibieron la prestación de ayuda necesaria para morir dos personas en Almería, cuatro en Cádiz, cinco en Granada, tres en Huelva, dos en Jaén, diez en Málaga y tres en Sevilla. Así, el acumulado por provincias es: cinco en Almería, ocho en Cádiz, tres en Córdoba, seis en Granada, cuatro en Huelva, dos en Jaén, 16 en Málaga y nueve en Sevilla.
Por tramos de edad, sólo se ha tramitado un expediente para una persona con menos de 30 años (en 2022), siete de personas entre 30 y 39 años (tres en 2022 y cuatro en 2023); nueve de personas entre 40 y 49 años (cinco en 2022 y cuatro en 2023); 21 de personas entre 50 y 59 años (12 en 2022 y nueve en 2023); 16 de personas entre 60 y 69 años (seis en 2022 y diez en 2023); 28 de personas entre 70 y 79 años (18 en 2022 y diez en 2023) y diez de mayores de 80 años (siete en 2022 y tres en 2023).