El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la celebración de la IV Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el plan para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea para reparar los daños provocados por la crisis del Covid-19 y del que aún no se habían gestionado los 84.000 millones de euros correspondientes a la denominada como Adenda.
En la conferencia, celebrada en Madrid el 19 de junio y presidida por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se informó a las comunidades autónomas del modo en el que se podrán invertir los 20.000 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA). Dicha cuantía es la que el Gobierno de España destinará a las autonomías del total de 84.000 millones de euros recibidos de la Unión Europeo (el resto lo tramitará el propio Gobierno de España). Los 20.000 millones para las comunidades se gestionarán por el Banco Europeo e Inversiones (BEI) y su función es financiar, a través de préstamos, proyectos de inversión sostenible de las comunidades autónomas.
Así, dichos fondos se han vuelto a diseñar sin cogobernanza y sin atender a las necesidades específicas de las comunidades autónomas. De hecho, no ha sido hasta que no se han cerrado los acuerdos con el BEI cuando se ha convocado a las autonomías, dejándoles un nulo margen de maniobra en el diseño de los fondos. Las comunidades, por tanto, pasan a ser meras comerciales de estas partidas. A esto se le añade la dificultad para la ejecución de las partidas, que llegan en forma de préstamos, principalmente las destinadas a la Administración pública. Para el sector público se han reservado 3.500 millones de euros, mientras que los 16.500 millones restantes se destinarán al sector privado.
En el caso de este último sector, los préstamos no computan como deuda ni a efectos de reglas fiscales y, si hubiese préstamos fallidos, se imputaría al fondo. No ocurre lo mismo con los 3.500 millones destinados a los gobiernos autonómicos y entidades locales, donde sí computan como deuda de la comunidad autónoma y también a efectos de reglas fiscales de la Unión Europea. Esos requisitos para los préstamos públicos hacen, a juicio del Gobierno andaluz, prácticamente inviable su utilización por parte de las comunidades y de las entidades locales, dado que exigiría reducir las dotaciones presupuestarias que estas administraciones en su ámbito competencial (y que, en el caso de las comunidades, se concentran en la sanidad, la educación y servicios sociales) para no incumplir las normas de estabilidad y sostenibilidad financiera.
A ello se suma, además, que los préstamos deberán contar con un ‘ticket’ mínimo de 25 millones de euros y el hecho de que la Comisión Europea no está dispuesta a dar de plazo más allá de 2026 para ejecutarlos, lo que también dificulta la tarea de encontrar proyectos que se adapten a las condiciones.
Para el Gobierno andaluz, las regiones y ciudades son la administración más cercana a la ciudadanía, poseen la mayoría de las competencias necesarias para alcanzar los objetivos territoriales y son los principales agentes de la política de cohesión europea, pero no han sido integradas por el Gobierno de España en el proceso de diseño del Plan de Recuperación, ni de la Adenda, lo que dificulta su implementación.