El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que nace con el propósito de mejorar las zonas industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, poner en valor los espacios productivos existentes y aportar seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales andaluces.
La futura Ley, aunque impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, implica especialmente a las consejerías de Presidencia, Economía, Fomento, Sostenibilidad y Administración Local, así como a las de Agricultura, Igualdad, Innovación, Desarrollo Educativo, Empleo o Cultura, ya que persigue constituir un marco legal que ofrezca una visión integral de los espacios productivos como generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, y que además sean capaces de atraer inversión industrial a Andalucía, contando con un entorno capaz de eliminar trabas, simplificar trámites y garantizar procesos ágiles.
Establecer un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y entre las administraciones autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como en materia de empleo aumentar la cantidad, calidad, seguridad, capacitación y la presencia de la mujer en los espacios productivos, se sitúan entre sus objetivos.
De igual modo, persigue regular medidas que faciliten el conocimiento y el acceso al suelo industrial y los suministros energéticos, y que incentiven la localización de industria con una alta capacidad tractora para generar un efecto arrastre sobre la industria auxiliar y el territorio, así como desarrollar el régimen jurídico de las entidades de gestión y modernización.
En la actualidad, Andalucía cuenta con más de 2.300 espacios productivos que albergan 40.000 empresas y 10.000 autónomos, que representan el 16% del tejido empresarial andaluz y concentran casi el 22% del total de los trabajadores, según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Así, el diagnóstico del que se parte es una situación de obsolescencia y de falta de instrumentos regulatorios, financieros y de gestión para abordar el mantenimiento, regeneración y modernización de los polígonos industriales, que se pretende abordar de forma ordenada y sistemática en el anteproyecto de ley a través de la puesta en marcha de una serie de medidas e instrumentos concretos que dan respuesta a las demandas de quienes están implantados en estos espacios productivos.
Una de las medidas clave es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca proteger los espacios de alto valor industrial y de alto impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que por ello se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales para convertir a Andalucía en una región especialmente atractiva para acoger proyectos de calidad.
Según recoge el texto del anteproyecto, serán susceptibles de ser declarados como tal aquellos en los que más del 70% de sus empresas son industriales o servindustriales; existe un alto grado de conexión entre las industrias; tienen un alto nivel de incidencia en el territorio; o son espacios que cuentan con una buena dotación de infraestructuras, entre otras características.
Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en función del nivel de infraestructuras y servicios con que cuenta en tres niveles: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden etiquetas en función de su especialización (innovador, innovador urbano, logístico, productivo, productivo urbano o productivo de alta capacidad) y de su grado de adecuación a la transición ecológica y digital (inteligente, sostenible o Eco-green). Con esta iniciativa se pretende facilitar el establecimiento de hitos de mejora en las infraestructuras o los servicios de que disponen, poniendo en valor asimismo sus potencialidades.
Instrumentos para captar inversiones
La futura ley no se limitará a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria, para lo cual introduce instrumentos concretos cada vez más necesarios en el contexto de una importante competencia regional por captar inversiones industriales. En este sentido, se incluyen nuevas figuras e instrumentos como los proyectos tractores de la industria, para los cuales se contempla un régimen administrativo preferencial; poner a su disposición el sistema andaluz de captación de inversiones industriales; disponer de una oferta pública permanente de suelo industrial y reforzar la información que ya proporciona el IECA a través de un censo de espacios productivos.
Igualmente, el texto del anteproyecto contempla instrumentos para abordar el problema del acceso a la energía en los polígonos y que pretenden aprovechar las oportunidades que brindan las energías renovables y los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde. Así, se propone la elaboración de un censo de calidad y potencia de energía eléctrica en los polígonos, una plataforma para la solicitud de acceso a suministro eléctrico, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, y ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas.
En este marco de ayudas, el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Industria, Energía y Minas, tiene previsto lanzar un nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales: la competitividad industrial y la eficiencia energética, y que contará con un presupuesto de 50 millones de euros.
Disponer de un marco institucional y social comprometido con el desarrollo industrial, que genere un entorno favorable para la inversión y la iniciativa empresarial, es uno de los principales elementos de la política de impulso a la industria que desarrolla el Gobierno andaluz, que busca la diferenciación de Andalucía como región industrial.
En diciembre de 2022, la Junta de Andalucía firmó un protocolo de colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para fomentar el crecimiento de la base industrial y empresarial a través de la mejora de sus espacios productivos. En marzo de 2023, la futura ley de espacios productivos se incluyó entre las medidas acordadas en el marco del diálogo social y un mes después, en abril de 2023, la Consejería de Industria realizó una consulta pública que evidenció la necesidad de contar con una regulación específica que abordara de forma transversal las necesidades de estos espacios.
En ella se puso de manifiesto la necesidad de contar con una regulación que contemple la situación y necesidades de los espacios productivos y que permitió identificar los asuntos que debía abordar la futura norma regional. Entre otras cuestiones, se señalaba la mejora de las comunicaciones y de acceso a servicios esenciales, la modernización de los espacios existentes, la adaptación de espacios que se han quedado sin actividad, la necesidad de potenciar mecanismos e instrumentos de colaboración público-privada, mayor coordinación e impulso especializado en los espacios productivos o la agilización de trámites.