El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las alegaciones que ha presentado la Consejería de Industria, Energía y Minas al nuevo anteproyecto de Ley de Industria, al considerar que el documento del Gobierno de España no da en todos los casos una adecuada respuesta a las necesidades del sector y que adolece de la ambición y concreción necesarias para atender los desafíos que enfrenta la actividad industrial.
En este sentido, el Gobierno andaluz comparte la necesidad de revisión de la vigente Ley de Industria para, por una parte, adaptarla al contexto actual, muy diferente al existente en el año 1992 y que implica importantes retos para el sector industrial; y, por otra, para abordar las carencias y disfunciones detectadas en la aplicación de dicha ley.
Las propuestas de modificación aportadas por Andalucía en este último proceso de alegaciones tras el análisis en profundidad del texto del nuevo anteproyecto, y a la luz de la política industrial que despliega la Junta de Andalucía, se agrupan en seis bloques. El primero de ellos se dirige a reforzar las medidas de simplificación y agilización administrativa de manera más incisiva con el objetivo de lograr la aceleración industrial que se pretende. Para ello, el Gobierno andaluz considera que es fundamental contar con una planificación mediante objetivos evaluables y establecer instrumentos para esa finalidad. Además, se propone la incorporación de un mandato al Estado para que revise la normativa y procedimientos administrativos con incidencia en la industria para promover la reducción de cargas burocráticas, así como plantea la eliminación de obligaciones específicas para los beneficiarios de las ayudas que se otorguen.
Por otro lado, propone que la ejecución de los programas de promoción y modernización debe recaer sobre las comunidades autónomas, incluidos los PERTE, considerando que la intervención estatal podría centrarse en el desarrollo de medidas fiscales y de instrumentos financieros por su carácter más horizontal que puede abarcar al conjunto del Estado, pues las regiones cuentan con mayor posibilidad de desarrollar una gestión más ajustada a las necesidades del territorio y de manera más coherente con las políticas industriales de cada comunidad.
Además, se propone considerar la convergencia regional en materia de industria como objetivo básico a impulsar a través de los instrumentos y determinaciones contempladas en el anteproyecto de Ley de Industria. La finalidad de esta iniciativa es que la industria, un sector de actividad fundamental para la economía de las comunidades, logre un crecimiento equilibrado y sostenible de manera que las carencias históricas de tejido industrial en regiones como Andalucía no impidan aprovechar todo su potencial y evitar así que se produzca concentración en territorios con mayor densidad industrial.
Otro de los bloques tiene que ver con los instrumentos que se desplieguen desde el Estado, que deberán ser en todo caso complementarios a los que vienen utilizando las comunidades autónomas, particularmente en relación con la figura de los Ecosistemas Industriales Estratégicos, los Proyectos Industriales Estratégicos y la Red de ciudades y pueblos industriales. En estos casos se pone de manifiesto la necesidad de establecer una coordinación entre estas nuevas figuras estatales y las figuras similares existentes en muchas comunidades, como es el caso de Andalucía.
Desde el Gobierno andaluz se plantea que el apoyo a las áreas industriales debe ser más ambicioso e incluir un programa de apoyo económico dirigido a la lucha contra la obsolescencia de los espacios productivos, así como a facilitar la implantación de proyectos tractores de la industria, y el refuerzo y extensión de las redes de distribución eléctrica y otras infraestructuras energéticas para dar servicio a los espacios industriales existentes o en desarrollo.
Las materias primas, clave
Igualmente, la Junta de Andalucía ha propuesto la inclusión de referencias expresas a la industria extractiva y a la industria de seguridad y defensa. Las materias primas tienen un papel clave en política industrial europea, y España, además, está en una posición privilegiada para revertir las dependencias y ganar en autonomía estratégica como oportunidad para su economía.
Además, se añaden otros elementos como los relativos al fortalecimiento y crecimiento de las cadenas de valor industriales o la visión de refuerzo de una base industrial como elemento básico para el desarrollo de las políticas públicas regionales relacionadas con la salud y bienestar, la digitalización, la economía verde, el desarrollo energético sostenible, la vivienda, el transporte o el propio desarrollo de las infraestructuras. Igualmente, realiza observaciones en materia de seguridad industrial.
Por último, incorpora otro conjunto de observaciones con las que se incide sobre algunas de las propuestas que el Gobierno andaluz ya realizó en el mismo proceso abierto en diciembre de 2022 y que no fueron atendidas por parte de la Administración General del Estado. Entonces, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puso en marcha el proceso de audiencia e información pública sobre una nueva Ley de Industria. Tras un análisis por parte de la entonces Consejería de Política Industrial y Energía se realizaron un total de 80 propuestas específicas relativas a los distintos bloques conceptuales previstos. Éstas se referían a los distintos ámbitos normativos desarrollados en el entonces anteproyecto de ley, abarcando propuestas relativas al objeto, alcance y principios de la ley, propuestas relativas a las estructuras de gobernanza del ecosistema industrial español, propuestas relativas al impulso de la competitividad, la sostenibilidad, el conocimiento, la difusión y la cultura industrial, así como propuestas relativas al fomento y coordinación de la competitividad y la sostenibilidad industrial en la Administración General del Estado, a la seguridad y calidad industrial, al registro integrado industrial y finalmente al régimen de infracciones y sanciones.
El 2 de julio de 2024, el actual Ministerio de Industria y Turismo abrió un nuevo periodo de audiencia e información pública sobre un nuevo anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica. De la misma manera, el texto normativo tiene por objeto establecer las bases de ordenación del sector industrial, así como los criterios de coordinación entre las administraciones públicas. El nuevo documento incorpora parte de las propuestas realizadas entonces por el Gobierno andaluz, si bien no todas, presentando además notables cambios respecto del texto expuesto en diciembre de 2022. Concretamente 32 de las propuestas realizadas se incorporan de manera total, mientras que 17 de ellas han sido añadidas, al menos, parcialmente.