El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación que regula el complemento autonómico del programa de movilidad europea Erasmus+ para el próximo año académico, en la que se mantiene el aumento del 5% ya aplicado desde el pasado curso lectivo. De esta forma, la Junta de Andalucía ha invertido desde el curso 2018-2019 un montante de 62,9 millones de euros a su financiación, permitiendo con ello que 36.752 alumnos andaluces realicen estancias formativas en universidades europeas.
El desarrollo del Erasmus+ es responsabilidad de la Comisión Europea, que es la que gestiona el presupuesto, las ayudas, los objetivos y las prioridades del programa. El Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Universidad, financia una asignación complementaria a esas becas que transfiere a las instituciones académicas públicas, encargadas de seleccionar los alumnos y distribuir los incentivos conforme a las condiciones del Erasmus+. En el modelo de financiación universitaria se establece una partida anual destinada para ello y la Consejería de Universidad es la responsable de fijar los criterios para que la distribución de los fondos sea homogénea y en las mismas condiciones en toda Andalucía.
Esa ayuda autonómica, que persigue promover la igualdad de oportunidades del estudiantado aspirante a esta iniciativa, experimentó en el pasado curso 2023-2024 un aumento del 5%, elevando la aportación de la Junta de Andalucía hasta los 473 euros mensuales por estudiante durante un máximo de nueve meses. Para el nuevo año académico, ese incremento se mantiene y la previsión es duplicar esa subida, hasta alcanzar el 10% al final de la legislatura.
Para costear el complemento autonómico, la Consejería de Universidad consigna cada año, con carácter general, una partida inicial de en torno a 12 millones de euros, que transfiere a las universidades públicas andaluzas. Ese importe, de acuerdo con el presupuesto de este ejercicio y la orden reguladora de las ayudas, se cuantifica en 2024 en 12,15 millones, una cantidad que posteriormente se completa, una vez que las instituciones académicas aportan la información definitiva, algo que ocurre casi al final de las estancias del alumnado en el extranjero. Ese procedimiento, que suele afectar a dos años presupuestarios, eleva finalmente a unos 14 millones de media la cuantía global dirigida a dar cobertura a la movilidad internacional de carácter europeo cada curso. El pasado año académico, el importe ascendió a 14,75 millones para facilitar la internacionalización de un total de 7.548 alumnos. En cambio, en el año 2019 -con motivo de la pandemia del Covid-19- y el posterior, las partidas se vieron muy reducidas por las limitaciones en los desplazamientos y movilidad.
Este complemento autonómico se concede atendiendo a criterios de poder adquisitivo y se suma a las cuantías que fijan la Unión Europea y el Ministerio de Educación. Los incentivos tienen en cuenta, además de los niveles de renta, el coste de la vida de los países de destino conforme a los datos de la Oficina Europea Estadística, Eurostat.
Los incentivos se dividen en dos modalidades: los de carácter básico, que oscilan entre los 105 y los 263 euros mensuales, y los especiales, que se añaden a las primeras para aquellos estudiantes cuyas familias tienen rentas más ajustadas y son destinatarios de las becas del Ministerio de Educación. A este segundo bloque, en el que se concede el suplemento de la ayuda especial, se acoge un tercio de los jóvenes andaluces que participan en dicha iniciativa. Las cuantías oscilan entre los 75 y los 210 euros al mes, pudiéndose llegar así a alcanzar al máximo concedido de 473 euros.
El complemento de la Junta de Andalucía añadido al concedido por el Servicio Español para la Internacionalización de Estudiantes (SEPIE) eleva la ayuda a más de mil euros en los casos de alumnos económicamente más desfavorecidos que se trasladen a países cuyo PIB son de los más elevados.
De acuerdo con el texto normativo, los países de destino se clasifican en tres grupos, ordenándose de mayor a menor poder adquisitivo y en virtud de los cuales se fijan los importes a recibir por los alumnos. De esta forma, en la categoría 1 se incluyen Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega y Suecia y las ayudas por mes y estancia oscilan, en función de si son básicas o especiales, entre los 263 y los 210 euros. Reino Unido también se encuadra en este nivel, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía mantiene la movilidad al país británico, que participa en el nuevo marco 2021-2027 con un nuevo estatus de tercer país por el Brexit.
Al apartado 2 pertenecen Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal. Los fondos en este apartado van desde los 203 a los 152 euros. En el grupo 3 se localizan Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia Lituania, Polonia, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia y Turquía. Para estos destinos, el complemento de la Junta de Andalucía varía de 105 a 79 euros.
Andalucía es una de las regiones europeas que más alumnos Erasmus+ envía y recibe. El complemento autonómico de Andalucía está considerado como el mejor sistema de cofinanciación en el contexto nacional por ESN (Erasmus Student Network) España, que es la sección nacional de la mayor asociación de estudiantes Erasmus+ de Europa.
Según se recoge en el IV Observatorio de Cofinanciación Erasmus+ publicado por esta entidad, el modelo andaluz destaca sobre el resto de los aplicados por otras comunidades por garantizar becas para todo el estudiantado que cumple con los requisitos de la convocatoria, por cubrir la duración completa de su movilidad y por ofrecer una subvención adicional específica a personas con condiciones económicas desfavorecidas. Comparando las cuantías que aporta cada una de las comunidades analizadas, Andalucía lidera la clasificación, seguida de País Vasco y Extremadura. A continuación, se sitúan Galicia, Asturias, Castilla y León y Navarra.
Movilidad internacional garantizada por ley
La nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), en cuyo diseño está inmerso el Gobierno andaluz, garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Consejería de Universidad. Esta novedad se aplicará tanto al actual complemento autonómico del Erasmus+ como a otras futuras líneas que puedan surgir en el sistema público de educación superior.
El Gobierno andaluz se encuentra inmerso en la redacción de este nuevo marco normativo que, además de contemplar este aspecto en el apartado de becas, también lo reconoce en el capítulo que detalla la cartera de derechos del estudiantado con el fin de mejorar su formación integral y su conocimiento del entorno social, cultural y académico. Por tanto, el futuro documento legal blinda doblemente la movilidad internacional de carácter académico de los alumnos universitarios. Asimismo, la LUPA refuerza legalmente la experiencia internacional tanto del Personal Docente e Investigador (PDI) como de la plantilla dedicada a las labores de gestión, administración y servicios (PTGAS).