El Consejo de Gobierno ha manifestado su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, presentada por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, así como al traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía.
La citada proposición de ley tiene como principal objetivo continuar potenciando los mecanismos de concertación social, reconociendo el papel de los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía y garantizando que puedan realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación institucional existentes o que se constituyan en el futuro y, en su caso, alcanzar nuevos acuerdos de concertación social.
Además, la aprobación de esta proposición de ley colocará a Andalucía en el grupo de comunidades que han regulado por norma del máximo rango legal la participación institucional, reconociendo así el papel primordial que desempeñan los agentes sociales y económicos en los principales ámbitos de responsabilidad política y en la vida pública de la sociedad andaluza. De esta forma se garantiza el ejercicio de las funciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen a dichas organizaciones en la defensa y promoción de los intereses laborales, económicos y sociales que les son propios.
Asimismo, la proposición de ley establece que la participación institucional consiste en el ejercicio de la representación, defensa y promoción, en el ámbito de aplicación dispuesto en su artículo 2, por parte de las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de Andalucía, de los intereses laborales, económicos y sociales, que corresponden a las personas trabajadoras y al empresariado, ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes.
El Gobierno andaluz ha demostrado de manera reiterada su compromiso con el diálogo y la participación social, consciente de que la concertación social es una poderosa, justa y eficiente vía para alcanzar el desarrollo de los intereses sociales y económicos de Andalucía, así como el bienestar general de la ciudadanía andaluza, constituyendo además un instrumento de buena gobernanza y de calidad institucional.
En este sentido, durante las dos últimas legislaturas se ha revitalizado, fortalecido y actualizado un modelo de concertación en el que el consenso se ha demostrado como elemento clave en el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Así, el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía de julio de 2020, reforzado con la firma el 22 de marzo de 2021 del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, demostraron la eficacia del diálogo social para abordar, con responsabilidad compartida, las decisiones y medidas a implementar en materia de política laboral, social y económica. Del mismo modo, la firma el 13 de marzo de 2023 del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía ha instalado el diálogo social como eje fundamental de las políticas autonómicas y de la actuación de la Administración Pública andaluza.
Este acuerdo, suscrito por el presidente de la Junta de Andalucía junto a representantes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía, recogía la voluntad de todas las partes de adoptar medidas sociales y económicas para el impulso de nuestra tierra mediante la negociación y la concertación, consolidando las vías de diálogo ya existentes. Como muestra de los compromisos alcanzados, este pacto incluyó de forma expresa la necesidad de iniciar la tramitación parlamentaria de una Ley de Participación Institucional para garantizar el diálogo social.