El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la apertura hasta el 30 de septiembre, por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, de la convocatoria para evaluar los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI). Esta convocatoria es la primera que se publica acogida al nuevo modelo aprobado en junio por Junta de Andalucía, rectores y sindicatos en el marco de la Mesa General de Negociación de las Universidades Andaluzas, que mejora el sistema anterior e incluye como principal novedad una periodicidad anual en el reconocimiento de esta asignación complementaria.
Los complementos autonómicos constituyen un tipo de retribución económica adicional al sueldo de esta plantilla universitaria, que está vinculada a la actividad que desarrolla en el campo de la docencia, la I+D, la transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, así como en materia de gestión. Con su reconocimiento se persigue alcanzar la excelencia en el desempeño profesional en cada una de esas áreas.
Dicha remuneración se distribuye en tramos y el número máximo que es posible acreditar son cinco, atendiendo a los diferentes ámbitos. En esta convocatoria, la Consejería de Universidad ha incrementado el importe, situándolo en 1.800 euros anuales por cada uno de ellos. Los profesores e investigadores universitarios interesados en participar en el procedimiento deberán presentar las solicitudes con sus méritos en el Registro Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía: https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/25548.html.
En Andalucía, este colectivo está conformado por casi 18.400 personas, que en su mayoría podrán beneficiarse de esa evaluación, ya que las bases reguladoras han ampliado las figuras beneficiarias con respecto al modelo anterior, permitiendo la incorporación de los profesores sustitutos interinos a tiempo completo, los asociados o los investigadores de excelencia. Precisamente, la Consejería de Universidad ya ha avanzado que la convocatoria que se lance el próximo año continuará ampliando el cupo de destinatarios, pudiéndose acoger a partir de 2025 el profesorado sustituto interino a tiempo parcial, siempre que cumpla 900 horas de docencia. Este perfil contractual atiende un número determinado de horas, que está establecido entre dos y seis horas a la semana.
Con carácter general, el proceso va dirigido al PDI vinculado a las universidades públicas, que, como novedad, no deberán acreditar antigüedad alguna, un requisito sí exigido anteriormente. También se podrán acoger los profesionales de instituciones académicas públicas de fuera de la comunidad que presten sus servicios en el sistema andaluz con una antigüedad mínima continuada de dos años completos a fecha de la publicación de dicha convocatoria.
La convocatoria divide a esta plantilla en cuatro categorías. La primera aglutina al personal docente e investigador a tiempo completo, en el que se incluyen los catedráticos de universidad y de escuelas universitarias y el profesorado titular de universidad y de escuelas universitarias. El segundo apartado hace alusión al PDI laboral, en el que se alinean el profesorado asociado, el profesorado sustituto a tiempo completo y el de carácter permanente laboral a tiempo completo. La tercera modalidad se reserva al perfil investigador doctor contratado a tiempo completo y la cuarta hace referencia al profesorado colaborador a tiempo completo cuya plaza derive de una convocatoria efectuada con anterioridad a 2013. Todos estos perfiles deberán encontrarse en situación de servicio activo, en servicios especiales o en servicios en otras administraciones públicas, en excedencia o en comisión de servicios en otra universidad pública del sistema español.
Experiencia en docencia, I+D, transferencia y gestión
La Junta de Andalucía ha flexibilizado los criterios para alcanzar los cinco tramos reconocidos, de forma que será posible obtenerlos teniendo en cuenta únicamente los requisitos fijados para docencia e investigación y no los contemplados para la gestión. Por otro lado, se garantiza a quienes no participen en la nueva convocatoria que su experiencia docente e investigadora se compute cuando accedan a otras figuras. Además, también contempla la convalidación de oficio de las evaluaciones efectuadas con anterioridad a este procedimiento actual, lo que permite reconocer los tramos obtenidos en 2018.
Para analizar el desempeño docente de los diferentes cuerpos se medirán periodos de cinco años completos y se tomará como referencia la parte alusiva del complemento específico recogido en el salario. En este caso, se amplían los tramos que son posibles acumular por la actividad docente, pasando de los dos fijados con anterioridad a los tres. En este campo se incrementa, igualmente, la valoración dada hasta ahora a los quinquenios, que se puntuarán con 1,5 puntos en vez de con un punto. El máximo asignado serán seis puntos.
En lo referente a investigación y transferencia e intercambio de conocimiento e innovación, la medición se hará en periodos de seis años y se tendrá en cuenta el complemento de productividad de las retribuciones fijadas legalmente. La puntuación máxima que se podrá conseguir son también seis puntos. Sólo podrá someterse a análisis la actividad realizada con posterioridad a la obtención de la licenciatura o grado, acreditada con un contrato de contenido científico o con un nombramiento en un centro de I+D, español o extranjero. También se valorará la I+D llevada a cabo en universidades, hospitales públicos y demás entidades del sistema sanitario. En este apartado se aumentan los tramos, pudiéndose alcanzar hasta tres en vez de los dos anteriores, y la puntuación dada a los méritos se incrementa hasta seis frente a los cuatro fijados en otras convocatorias.
En materia de gestión, se considerará el desempeño de cargos académicos y la participación en calidad de miembro en órganos colegiados de representación del PDI en una universidad pública del sistema español. Entre los puestos de responsabilidad se tienen en cuenta los de rector, vicerrector, secretario general, gerente, decano de facultad, director de escuela y de departamento. También se admitirán los cargos de vicedecano, subdirector de escuela, secretario de centros, departamentos, coordinadores de titulaciones o directores de máster o programas de doctorado. Únicamente se evaluarán años completos de ejercicio en cada uno de los cargos académicos o en cada uno de los órganos colegiados de representación. Los participantes sólo podrán lograr un máximo de dos puntos.
El análisis y evaluación de los méritos corresponderá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) y la asignación de la retribución de los distintos tramos es responsabilidad de cada universidad pública. Además, la Consejería de Universidad ha agilizado la gestión de esta convocatoria hasta convertirla prácticamente en automática, evitando así las complejas solicitudes de otros procesos anteriores. De igual modo, se ha marcado como límite para resolverla un periodo de seis meses a contar desde su publicación con el fin de evitar los retrasos que se acumularon en la convocatoria abierta en 2018. El texto legal aprobado en julio y que sustenta la convocatoria pone fin a diez años de reclamaciones y da respuesta al marco normativo establecido, que obligaba a regular este tipo de evaluación por decreto.