El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), un proyecto legislativo que responde a la demanda de múltiples sectores, forestal, empresarial y ecologistas, entre otros, que desde hace años han solicitado una actualización del marco normativo para abordar los retos para el desarrollo sostenible actuales y futuros. Con este paso, comienza un proceso que busca garantizar la gestión sostenible de los montes andaluces, que representan casi la mitad del territorio de la comunidad.
La legislación forestal vigente en Andalucía, que data de 1992, ha quedado obsoleta frente a los cambios normativos a nivel estatal y europeo, así como ante la necesidad urgente de hacer frente a los efectos del cambio climático y los cambios sociales en el medio rural. En este sentido, la nueva ley ofrece un marco actualizado y más efectivo para la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales de Andalucía. Además, será una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad, la promoción del desarrollo económico rural y la adaptación de los montes a las nuevas realidades climáticas.
El proceso de elaboración de este anteproyecto ha contado con una amplia participación de actores implicados en la gestión forestal, administraciones públicas, organizaciones empresariales, colectivos agroganaderos, sociales y ecologistas; universidades y otros grupos de interés. Este enfoque participativo ha sido fundamental para incorporar las perspectivas y necesidades de todos los sectores involucrados.
El texto consta de 136 artículos distribuidos en siete títulos, lo que refleja la amplitud y profundidad de la reforma. Se trata de una modernización integral del marco legal que regula la gestión forestal en Andalucía, introduciendo importantes novedades. La ley establece una planificación forestal estratégica a largo plazo, centrada en la organización de los espacios forestales para garantizar su conservación y aprovechamiento sostenible. Asimismo, se reconoce el papel de los montes como motor de desarrollo social, económico y cultural en las áreas rurales.
La nueva normativa también refuerza la protección de los montes catalogados y regula el Fondo de Mejoras, destinado a la conservación de los montes públicos. Se impulsa la colaboración público-privada mediante la creación de entidades selvícolas de colaboración, que fomentarán la gestión compartida de los recursos forestales. Además, se promueve la investigación, el desarrollo y la formación profesional en el sector forestal para aumentar su competitividad y sostenibilidad.
Otra de las novedades destacadas es la creación de un sistema de información geográfica forestal, que permitirá una mejor planificación y seguimiento de la gestión forestal. Asimismo, la ley establece la Red MUESTRA, que reunirá montes gestionados de manera sostenible como ejemplo y modelo a seguir. También se amplían y consolidan los sistemas de certificación forestal sostenible y la cadena de custodia en los montes públicos, garantizando que los productos forestales cumplen con los más altos estándares ambientales.
En cuanto a los objetivos de la ley, se busca fomentar la gestión forestal sostenible mediante incentivos a la propiedad privada y la promoción del patrimonio público forestal. También se prevé la adaptación de los montes al cambio climático, reconociendo su papel clave como sumideros de carbono. La prevención de incendios forestales es otra prioridad de la nueva ley, que contempla una planificación y gestión adecuada para reducir el riesgo de incendios y restaurar los terrenos afectados.
Igualmente, la ley tiene como fin conservar y mejorar la biodiversidad de los montes andaluces, mediante la restauración de los ecosistemas degradados y la promoción de las especies autóctonas. Del mismo modo, se consolida el régimen jurídico de los montes catalogados, reforzando su protección y aclarando su relación con el Catálogo de Montes de Andalucía.
El desarrollo del sector forestal como fuente de empleo y motor económico en las zonas rurales también es un objetivo central de la ley. Se pretende crear empleo y promover el arraigo de la población en el medio rural, favoreciendo la sostenibilidad económica de estas áreas. Para facilitar la gestión de los montes, se introducen medidas de simplificación administrativa, que agilizarán los trámites y fomentarán la colaboración entre los propietarios y la administración pública.
Con la tramitación de este anteproyecto, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos forestales de la región. La nueva Ley de Montes de Andalucía representará un paso importante para garantizar la gestión responsable de los montes andaluces, protegiendo su biodiversidad y asegurando su viabilidad como recurso económico y ambiental para las próximas generaciones.