El Consejo de Gobierno ha aprobado el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley Andalucía Digital (LADI), con el objetivo de potenciar la digitalización y prevenir los riesgos inherentes a la digitalización, adoptando medidas que los eviten o minimicen y preservando el pleno respeto de los derechos y libertades de la ciudadanía. Así, el anteproyecto de Ley pone las bases para luchar contra la brecha digital y ayudar a las personas con menos recursos de manera que la revolución digital llegue a todos los andaluces y a todos los sectores. En sus principios generales se incluyen, entre otros, la capacitación, la orientación al dato, la personalización, la proactividad, la libertad digital, impulsando el derecho al acceso universal a la tecnología y a la información.
La futura ley facilitará la relación digital con la ciudadanía, garantizando y ampliando sus derechos y estableciendo que el deber de las personas físicas a relacionarse electrónicamente podrá establecerse por la administración de la Junta de Andalucía siempre que esté asegurada la atención personalizada a quienes precisen de asistencia para el cumplimiento de la obligación.
Para ello, serán claves la red de asistencia y el servicio de asistencia remota. La LADI recogerá la creación de una Red de Asistencia para la Realización de Trámites Digitales. Andalucía se convierte con esto en la primera administración de España en tener una red de asistencia para que nadie se quede atrás en el objetivo de ser 100% digital en 2030. En este sentido, se establecerán instrumentos de colaboración con instituciones y organizaciones representativas de sectores o intereses sociales para que puedan realizar trámites digitales y otras transacciones electrónicas en representación de los interesados que, por falta de medios o conocimientos, no los puedan realizar.
Además, consagrará un nuevo derecho a la asistencia remota para la realización de trámites digitales para las personas físicas no obligadas a la relación electrónica a través de, por ejemplo, videollamada por el teléfono 012 y un canal de información de carácter general gratuito a través de mensajería instantánea.
La LADI también regulará las relaciones digitales del sector público con la ciudadanía, garantizando que las personas faciliten la misma información sólo una vez gracias a mecanismos de reutilización interna de datos y documentos. Esta ley impulsará aún más la aplicación Carpeta Ciudadana para web y móviles de la Junta de Andalucía, promoviendo la prestación de servicios proactivos personalizados, de manera que la administración andaluza pueda anticiparse a las necesidades de la ciudadanía ofreciéndole prestaciones ajustadas a sus circunstancias.
La Ley impulsará también el emprendimiento y la ayuda a nómadas digitales; la implantación de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y la nube; la ciberseguridad; y se apuesta por la cooperación con otras administraciones, creando en Málaga la Agencia de Ciberseguridad de Andalucía y en Granada el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, que arrancará en el segundo semestre de 2025 y estará situado en el PTS, el Parque Tecnológico de la Salud.
La LADI recoge también el Pacto Andalucía Digital que impulsará la Junta de Andalucía para fomentar y generar confianza en el uso de las tecnologías y la implementación de los principios que rigen esta norma en las empresas, entidades e instituciones. Para ello, se publicarán una serie de indicadores digitales e identificará a las empresas que cumplan los requisitos mediante un sello de adhesión. También se crea el Consejo Andalucía Digital como órgano de participación colegiado, consultivo y de asesoramiento de las administraciones públicas de Andalucía en digitalización.
En cuanto a capacitación y educación digital, la Ley consagrará las pretensiones del Plan de Capacitación Digital de Andalucía 2022-2025, incorporando como novedad que a través de Andalucía Vuela la ciudadanía andaluza podrá obtener una certificación gratuita de competencias digitales.
Además, se salvaguardan los valores fundamentales y se promueve un entorno digital saludable, de manera que se protege a los menores de edad y grupos de riesgo. Para los más jóvenes se prevé crear un ciberescudo andaluz de protección, con el fin de detectar y analizar riesgos y amenazas sobre todos los aspectos que puedan afectar a su seguridad, su salud, su desarrollo y su intimidad.
Este filtro, en forma de aplicación gratuita para los padres, será una garantía para evitar que los menores puedan acceder a contenidos para mayores (apuestas, violencia, pornografía, etc.). Este escudo, que se desplegará de forma progresiva, busca contribuir al desarrollo sano y equilibrado de las nuevas generaciones, así como facilitar a los padres y madres herramientas, concienciación o consejos para la protección de los menores. Además de la app que se instalará en el dispositivo del menor, se habilitará una plataforma que recopilará un conjunto de buenas prácticas para los menores y un espacio de ciberescuela de padres.
De esta manera, los menores no podrán acceder a contenidos inapropiados, tendrán bloqueadas apps peligrosas, se podrá establecer descansos y límites de tiempo, añadir recordatorios y alarmas o estadísticas de uso. De esta manera, el anteproyecto de ley garantiza la seguridad en los hogares, como también lo hace en administraciones y empresas apostando por la ciberseguridad y la importancia del dato.
La Ley reconocerá al dato como activo digital e implanta un espacio de datos andaluz que permita a las entidades participantes estructurar sus datos de manera homogénea y así favorecer la reutilización y compartición entre ellas, articulándose un Convenio Marco sobre Gobernanza del Dato. En este sentido, impulsará la robotización, la automatización, el tratamiento inteligente de documentos y la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la Junta de Andalucía con pleno respeto a los derechos de la ciudadanía y la protección de datos personales.
Respecto a las infraestructuras digitales, conectividad e impulso de las tecnologías en nube la LADI recogerá la implantación de centros de proceso de datos e infraestructuras y puntos de interconexión, así como para la computación en nube. Prevé crear la Nube Corporativa de la Junta de Andalucía, que dará servicio al sector público y a la cual podrán adherirse entidades locales y universidades.
Además, la Ley regulará la gestión de la infraestructura digital existente en Andalucía formulando un Plan de Infraestructuras Digitales, haciendo hincapié en el aprovechamiento del uso compartido, así como de la ejecución de obras civiles que puedan ser susceptibles de soportar estas infraestructuras, de modo que deberán prever infraestructuras físicas para redes de comunicaciones y reservas de espacio.
De igual modo, se creará un inventario de infraestructuras públicas para la conectividad de Andalucía, incluyendo las entidades locales, al que se dará acceso a través de un punto de información, y se creará una sede electrónica en materia de infraestructuras digitales y para la conectividad, compartida con las demás administraciones. Por último, para impulsar la economía digital, la futura ley ayudará a paliar las carencias en la normativa actual y los obstáculos administrativos que ralentizan proyectos de startups y emprendedores digitales.
La LADI va a ser una pieza clave en la transformación digital de Andalucía porque dotará de un marco legal a todas las estrategias que está implantando la Junta de Andalucía a través de la Agencia Digital de Andalucía. Con esta Ley, la Junta de Andalucía apuesta por un enfoque integral, situando al ciudadano y sus necesidades como principal centro de actuación, pero también resalta el compromiso con el impulso a la digitalización en todos los ramos de actividad, tanto pública como privada, y la apuesta para generar un ecosistema tecnológico susceptible de atraer talento, inversiones, innovación y prosperidad. Todo ello, en aras de la mejora de los servicios públicos, del desarrollo económico y social.