El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la Memoria Anual de Transparencia Pública, documento que recoge la evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de las consejerías y sus entidades adscritas. Las memorias de evaluación anual son elementos clave que contribuyen a la transparencia, rendición de cuentas y aportan conocimiento, detectando aquellos puntos de mejora en los que avanzar para garantizar la implementación transversal de la transparencia en la Junta de Andalucía.
Durante el ejercicio 2024, las distintas consejerías han ido aprobando sus respectivas memorias de evaluación de transparencia pública de 2023, que han sido publicadas en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, dentro del apartado ‘Conoce más sobre la transparencia. Planificación y evaluación de la transparencia’ y que se encuentran disponibles a través de la web de la Junta de Andalucía.
Según el Decreto 289/2015, en la memoria anual se tendrán en consideración las actuaciones realizadas por cada consejería y sus entidades y organismos dependientes en materia de transparencia, los datos estadísticos sobre publicidad activa y derecho de acceso; el cumplimiento de objetivos contenidos en el plan, además de propuestas de actuación y otros aspectos de interés. Así, la memoria anual del ejercicio 2023 debía comprender también la evaluación intermedia del Plan Operativo aprobado en el ámbito de cada consejería para el período 2023-2024.
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPDA), en su informe anual de 2023, recoge que se han interpuesto 312 reclamaciones contra resoluciones dictadas por órganos y entidades de la Junta de Andalucía en materia de derecho de acceso, lo que supone el 30,4% del total de reclamaciones interpuestas. Además, el CTPDA ha dictado 263 resoluciones en los procedimientos de reclamación frente a resoluciones de acceso a la información pública dictadas por órganos de la Junta de Andalucía.
En aras del cumplimiento de la ley, cualquier persona que considere que se ha producido un incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, puede interponer ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía una denuncia de conformidad. Así, en el ejercicio 2023, se habían interpuesto tres denuncias por presuntos incumplimientos de obligaciones de publicidad activa, periodo en el que se han dictado tres resoluciones en denuncias, interpuestas contra la Junta de Andalucía y archivadas por el Consejo.
Dada la multiplicidad de órganos y entidades que deben dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, se requiere una correcta coordinación y establecimiento de pautas que garanticen el cumplimiento de la normativa, razón por la que la Comisión de Transparencia, órgano que debe elaborar la propuesta de las memorias anuales y en el que están representados todos los órganos y entidades de cada consejería, constituye el espacio adecuado para realizar el análisis y las propuestas que conducen a la aprobación de las memorias y posteriores planes operativos.
Los datos recogidos advierten de que el número de solicitudes sobre derecho de acceso a la información pública sigue incrementándose de forma progresiva, y que la concesión del acceso a la información solicitada impera como regla general, lo que demuestra la utilidad de las unidades de Transparencia, que han conseguido que se lleven a cabo estos informes.
Por otra parte, se avanza de forma constante hacia un incremento progresivo de contenidos publicados en el portal, si bien, y en línea con las propuestas efectuadas por algunas consejerías, no puede obviarse que reviste carácter esencial la revisión constante de la información ya publicada para evitar información desactualizada, no correcta o para mejorar su comprensibilidad. En esa línea, existe en el vigente plan operativo 2023-2024 una medida dirigida a la ampliación, mejora y homogenización de la información objeto de publicidad activa.
Por último, la memoria destaca también el papel de las comisiones de Transparencia como garantes del cumplimiento de la Ley y como espacios adecuados en los que detectar necesidades y consensuar nuevas medidas, así como reforzar los recursos humanos y materiales de las unidades de Transparencia.