El Consejo de Gobierno ha sido informado por la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de que existe unanimidad entre las comunidades autónomas a la hora de plantear que cualquier análisis riguroso sobre las implicaciones del criterio de población ajustada en relación con el sistema de financiación autonómica debe venir precedido por la determinación de una propuesta de reforma de la totalidad del sistema.
Así, la reunión del pasado 12 de febrero del Comité Técnico Permanente de Evaluación puso de manifiesto el consenso en torno al hecho de que los criterios para el cálculo de la población ajustada constituyen un elemento importante en el sistema de financiación, pero que en estos momentos es el menos importante. Los propios técnicos del Ministerio que participaron en la reunión del Comité Técnico Permanente reconocieron que no se puede cerrar una propuesta sobre el cálculo de la población ajustada sin antes tener cerrada una propuesta sobre la globalidad del sistema, según recoge el informe presentado al Consejo de Gobierno.
Lo que las comunidades autónomas exigen al Ministerio de Hacienda es una propuesta global que detalle, en primer lugar, la arquitectura y el funcionamiento global del sistema, que determine, en segundo lugar, los recursos adicionales para las comunidades autónomas y, en tercer lugar, que se establezca un calendario de trabajo para la reforma.
Así, el conjunto de las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el PP como por el PSOE, quieren saber qué reforma del sistema de financiación quiere llevar a cabo el Ministerio de Hacienda, cómo y cuánto va a incrementar el Gobierno de España los recursos para financiar las competencias autonómicas vinculadas al estado del bienestar (educación, sanidad y atención a la dependencia) y cuándo lo piensa hacer.
Por otro lado, en la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación también se reiteró la necesidad de aprobar urgentemente un fondo transitorio de nivelación, mientras se lleva a cabo la reforma del sistema de financiación. A este respecto, cabe recordar que, en la actualidad, Andalucía pierde cada año 1.522 millones de euros en comparación con lo que reciben, de media, las comunidades autónomas.
Igualmente, se abordó en la reunión la exigencia al Ministerio para desbloquee la actualización de las entregas a cuenta, ya que en la actualidad está perjudicando a las comunidades y los ayuntamientos, dado que las entregas a cuenta que están librando son las presupuestadas en 2023 y no las anunciadas para 2025. En este sentido, según recoge el informe, Andalucía deja de recibir cada mes más de 185 millones de euros por la no actualización de las entregas a cuenta.