El Consejo de Gobierno ha acordado imponer una sanción de 377.252,72 euros a Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A., por burlar repetidamente la obligación legal de someter a verificación industrial los contadores de agua que instalaba en Almería y cobrar indebidamente a los usuarios un suplemento de adecuación a la acometida. Ambas infracciones están calificadas como graves en la actual normativa de consumo.
El importe de la multa es la suma de duplicar el beneficio ilícito obtenido por la primera irregularidad, calculado en 106.522,30 euros, y de triplicar la ganancia estimada por la segunda (54.734,04 euros).
La empresa Aqualia instaló entre 1993 y 2003 un total de 110.777 contadores en viviendas de Almería sin que en ningún caso los sometiera al control de la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), laboratorio oficial reconocido desde 1992 para las tareas de comprobación previas a la instalación. Una etiqueta certifica que el contador ha sido analizado por Veiasa y garantiza que su vida no debe superar ocho años.
El expediente sancionador señala que, asimismo, Aqualia incurrió en dolo al cobrar a los usuarios suplementos ilícitos de adecuación a la acometida por conceptos como cambio de abonado o cambio de titularidad del inmueble por transmisión de la propiedad. La condición de supremacía en el mercado que ostenta Aqualia un monopolio en la práctica al tratarse de la única prestataria de este servicio en Almería obligaba a los usuarios al pago de ese canon si querían disponer de agua en sus domicilios.
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