El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para conceder una ayuda de 10,55 millones de euros a la empresa Cobre Las Cruces S.A. Esta subvención tiene como objetivo apoyar la puesta en explotación del yacimiento minero Las Cruces, situado en los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, así como la instalación de una planta hidrometalúrgica de procesado y depuración del mineral.
El proyecto de Las Cruces supondrá una inversión total de 327,34 millones de euros y la creación de 169 empleos directos, que serán más de un millar durante los dos primeros años de trabajos preparatorios y de construcción de la planta. Asimismo, conllevará la introducción de avanzadas tecnologías en equipos hidrometalúrgicos.
De acuerdo con las previsiones de la empresa, la explotación minera se desarrollará durante un periodo de 19 años, desde la construcción hasta la clausura, pasando por una fase productiva de 15 años. La actividad consistirá en la obtención de cátodos de cobre de alta calidad a partir de la extracción de un material de gran pureza, cuyas reservas totales alcanzan los 15,8 millones de toneladas. El proyecto constituirá la única producción de cobre endógeno en España y abastecerá el 25% de la demanda nacional, con una media de 63.000 toneladas anuales de producto final.
La ayuda aprobada hoy por el Gobierno andaluz, cofinanciada en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se incluye en el régimen de incentivos que la Junta aplica en la Zona de Acción Especial de la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla.
El proyecto de Las Cruces cuenta con una concesión de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, otorgada el pasado 6 de agosto tras la declaración favorable de impacto ambiental y sujeta a una serie de condiciones previas. Entre estos requisitos figuran un seguro de responsabilidad civil de 30 millones de euros y un aval de cinco millones, adicional al de 42,78 millones que determina la normativa minera.
Antes de iniciar la actividad, la empresa también estará obligada a ampliar su capital hasta el 30% de la inversión total y a presentar un proyecto de seguimiento continuo y preciso de los taludes de la corta que va a explotar. Finalmente, también deberá suscribir sendos contratos de asesoría externa con organismos de control autorizados para garantizar tanto las condiciones de seguridad y estabilidad de la explotación como el cumplimiento de las medidas propuestas en el estudio de impacto ambiental.
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