El Consejo de Gobierno ha aprobado requerir de incompetencia al Gobierno central por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 20 de enero de 2003, que regula el ejercicio de la actividad pesquera con almadraba y la concesión de las licencias. A juicio del Gobierno andaluz, esta norma vulnera las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en cuanto al establecimiento de las condiciones para conceder licencias de explotación.
El Consejo ha acordado también autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta a plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que el requerimiento no sea atendido.
De acuerdo con el actual reparto de competencias en relación con las almadrabas, al Estado le corresponde conceder la ocupación de dominio público y de autorizar la instalación en aguas exteriores, entre otras cuestiones.
Por su parte, la Junta de Andalucía es la responsable de autorizar en aguas interiores y de determinar, tanto en estas aguas como en las exteriores, las condiciones económicas y sociales que se requieren para el acceso a la licencia de explotación.
La almadraba es un tipo de arte de pesca fijo compuesto por redes que se calan en las cercanías de la costa, en fondos de unos 30 metros, para la captura del atún rojo aprovechando las grandes migraciones reproductoras que realiza esta especie entre el Atlántico y el Mediterráneo durante el final de la primavera y los meses del verano.
Andalucía es la única comunidad española donde se practica la pesca con almadraba, con unas capturas anuales que superan las 1.000 toneladas. La actividad se localiza en la provincia de Cádiz, en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, donde funcionan cinco explotaciones autorizadas en Tarifa, Bolonia, Zahara de los Atunes, Conil de la Frontera y Barbate.
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