Información general
• Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) nº.1305/2013 y (UE) nº.1307/2013.
• Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
• Decisión de ejecución de la Comisión C(2022) 6017 final, de 31 de agosto de 2022, se aprueba el plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España para la ayuda de la Unión financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
• Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
• Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la Política Agrícola Común para el período 2023-2027.
• Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.
• Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
• Decreto 170/2024, de 26 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.
El cambio climático y sus consecuencias, especialmente el incremento de la tem - peratura media del planeta, asociado al aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, tienen su reflejo en el medio ambiente, en el desarrollo económico y en la propia sociedad con claras repercusiones en las escalas regional y local a las que Andalucía no es ajena.
Durante la próxima década, se requiere una urgente transición hacia modelos de sociedad que se asienten en un sistema energético, de producción de bienes y de satisfacción de necesidades neutro desde un punto de vista de la emisión de carbono, así como detener la pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas e impulsar el conocimiento y la capacitación hacia mitigación y adaptación frente eventos adversos.
La educación es un motor de transformación social imprescindible, y la Educación Ambiental para la Sostenibilidad, en particular, por su carácter transversal está llamada a tener un papel relevante. Hace referencia a todas las acciones y procesosde educación y participación orientados a desarrollar aprendizajes, reflexiones, actitudes y competencias para capacitar en la mitigación y adaptación frente al cambio climático, y ante el conjunto de los complejos retos socioambientales actuales, avanzando hacia una transición ecológica justa, donde todos los actores sociales, las administraciones en los diferentes niveles y la ciudadanía en general tienen un papel fundamental en la consecución de una sociedad sostenible.
En particular, los actores implicados de manera directa o indirecta en las zonas rurales son claves en el alcance del objetivo transversal y de los objetivos específicos de la educación para la sostenibilidad, así como en la contribución a revertir las dinámicas de despoblación de zonas rurales.
Con esta iniciativa se contribuye a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible , en particular, a través de la ODS4 “Educación de calidad” que, a su vez, redunda sobre otros ODS, como sería el ODS8 “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todo”, ODS12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y ODS15 “Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad”
La Constitución española en su artículo 149.1.9ª reconoce que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de gestión de la protección del medioambiente. En este sentido, el artículo 196 del Estatuto de Autonomía para Andalucía precisa que los poderes públicos promuevan el desarrollo sostenible, el uso racional de los recursos naturales garantizando su capacidad de renovación, y la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, así como, la educación ambiental en el conjunto de la población. Siendo clave para ello el uso sostenible de los recursos naturales. Por otra parte el artículo 149.1.23º de la Constitución determina las competencias de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales protección del medio ambiente. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta previsión constitucional tiene su reflejo en el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
La Orden que se pretende aprobar tiene el objetivo de fomentar actividades de educación y sensibilización ambiental para mejorar el conocimiento y las aptitudes de la ciudadanía con respecto al cambio climático y al medio ambiente a través del impulso de actuaciones sostenibles con respecto a la protección y conservación de la biodiversidad, el usos sostenible de los recursos naturales y la economía circular orientados a desarrollar aprendizajes, reflexiones, actitudes y competencias para capacitar en la mitigación y adaptación frente al cambio climático buscando soluciones, principalmente, basadas en la naturaleza.
Para dar respuesta a los problemas que se pretenden solucionar, la disposición que nos ocupa tiene por objeto aprobar las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de actividades de educación y sensibilización ambiental para mejorar el conocimiento y las aptitudes de la ciudadania con respecto al cambio climático y al medio ambiente a través del impulso de actuaciones sostenibles con respecto a la protección y conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la economía circular orientados a desarrollar aprendizajes, reflexiones, actitudes y competencias para capacitar en la mitigación y adaptación frente al cambio climático buscando soluciones, principalmente, basadas en la naturaleza.
En las bases reguladoras de estas ayudas se definirán sus aspectos fundamentales, como las entidades que podrán ser beneficiarias y selección de las mismas, la actividad y gastos y conceptos subvencionables así como los demás aspectos que deban ser establecidos conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
Las ayudas estarán financiadas por el Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España 2023-2027 e Intervenciones FEADER, Intervención 7201 Transferencia de conocimientos y actividades de formación e información.
No se han contemplado otras soluciones que no sean las regulatorias, ya que es taxativa la necesidad de establecer las bases reguladoras y convocar estas ayudas mediante la aprobación de una disposición en forma de Orden
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados, a través del siguiente buzón de correo electrónico:
subv.pepac.educasos.cpp.csma@juntadeandalucia.es
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.