Información general
1.- Legislación estatal de carácter básico con incidencia:
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.- Normativa andaluza actualmente vigente relacionada con la materia:
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Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
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Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).
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Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía.
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Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados Órganos Administrativos de la Junta de Andalucía.
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Decreto 22/1985, de 5 de febrero, sobre elaboración de la memoria funcional y económica justificativa de normas legales, disposiciones administrativas y convenios.
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Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
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Orden de la Consejería de Gobernación, de 28 de julio de 1989, por la que se establecen los criterios de normalización de formularios y papel impreso y se crea el registro de formularios de la Junta de Andalucía.
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Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública, de 11 de octubre de 2006, por la que se establece la utilización de medios electrónicos para la expedición de copias autenticadas.
Es preciso desarrollar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las determinaciones de carácter básico reguladas en las nuevas leyes en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las Administraciones Públicas, como consecuencia de su entrada en vigor.
La razón de interés general que justifica la aprobación de esta norma es la conveniencia de impulsar medidas de simplificación de los procedimientos administrativos e implantación de la administración electrónica, en desarrollo de la legislación básica de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, que requieren de un complemento normativo necesario en el ámbito de actuación de la Administración de la Junta de Andalucía.
Los fines que persigue esta disposición son mejorar la eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar e implementar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración de la Junta de Andalucía y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas.
En la medida que este Decreto impulsa la reducción de cargas, la agilización de trámites y la implementación de la administración electrónica de la forma más respetuosa con los derechos de la ciudadanía, se constata que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones, para alcanzar tales fines, por lo que no se plantean soluciones alternativas.
La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, durante el plazo de 15 días naturales, a partir del día siguiente al de su publicación, a la Dirección General de Planificación y Evaluación a través del siguiente buzón de correo electrónico: dgpe.chap@juntadeandalucia.es.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.