Información general
La legislación española ha prestado relativamente poca atención a los derechos de los pasajeros de los servicios regulares de transporte por carretera, con excepción de los temas más directamente relacionados con la accesibilidad.
En el seno de la Unión Europea, esta materia fue objeto de regulación mediante el Reglamento (UE) nº 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar. Al tratarse de una norma con carácter de Reglamento Europeo, no ha resultado necesario proceder a su trasposición y adaptación al derecho nacional y autonómico, ya que su contenido resulta directamente vinculante.
La experiencia adquirida desde su entrada en vigor, sin embargo, pone de manifiesto que su ámbito de aplicación resulta insuficiente, en la medida en que, recoge un catálogo relativamente limitado de derechos y el grueso de sus disposiciones se centra en la protección de los usuarios de servicios cuya distancia programada sea igual o superior a 250 kilómetros.
En su afán por promover una movilidad sostenible y mejorar el funcionamiento del sistema de transportes la Junta de Andalucía ha considerado oportuno adoptar su propia normativa para ampliar el catálogo de derechos reconocidos con carácter general a todos los viajeros y extender la mayoría de los derechos reconocidos a los usuarios de servicios de radio superior a 250 km a los pasajeros de servicios que atiendan a viajes de menor recorrido, abordando materias como:
- Anulaciones y cambios de billetes.
- Indemnizaciones por retrasos, cancelaciones y modificaciones.
- Condiciones de viaje de los menores.
- Equipajes.
- Accesibilidad de personas con movilidad reducida.
- Información a los viajeros.
- Viajeros de pie.
La promulgación de esta norma resulta necesaria y oportuna para contar con un instrumento normativo único que regule los derechos de los viajeros en transporte público por carretera, ahora dispersos por diversas normas de diferente rango, algunas de ellas obsoletas, y con importantes lagunas en materias de interés.
Mejorar la calidad del transporte público de viajeros por carretera en Andalucía.
No existe una solución alternativa que presente mayor eficacia que el Decreto que se pretende aprobar.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo, su nombre y apellidos o razón social o denominación de la entidad a la que represente.