Información general
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. - Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. - Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. - Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
La iniciativa normativa pretende facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección de centro escolar, acorde con las características y proyecto educativo del centro, de manera que se garantice el derecho a las familias a elegir para sus hijos e hijas un centro adaptado a sus necesidades y convicciones. En la elección de centro docente por las familias se respetará la ordenación realizada por éstas y, en todos ellos, se aplicará el baremo correspondiente considerando la mayor puntuación obtenida. A fin de garantizar la igualdad en la aplicación de la normativa se eliminarán las zonas de escolarización y se formularán unas áreas de influencia de los centros, estableciéndose las mismas áreas para los centros sostenidos con fondos públicos del mismo municipio o ámbito territorial, lo que facilitará una adecuada transición y continuidad del alumnado en las distintas etapas educativas a través de la adscripción de centros. Igualmente, se introducirán nuevos criterios de admisión y se reformularán otros, en orden a minimizar la aplicación del sorteo en caso de empate del resultado de la baremación. En particular, el criterio de renta per cápita anual de la unidad familiar se hará más progresivo para facilitar una admisión más equitativa acorde con dicha renta. La nueva normativa apostará por la conciliación familiar priorizando el reagrupamiento de hermanos o hermanas en un mismo centro. Por otra parte, en atención a las necesidades de escolarización se podrá ampliar de manera extraordinaria la ratio por unidad y se mantendrán las listas de espera hasta el inicio del régimen ordinario de clases de cada curso escolar.
El Decreto responde al compromiso recogido en el Pacto de Gobierno suscrito por el Partido Popular Andaluz y Ciudadanos, para la adopción de “Medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía” que se expresa en el epígrafe III.3. Medida 71. “Protegeremos los dos modelos educativos sostenidos con fondos públicos basados en la libre elección de centros que debe tener la familia, ya sea en el ámbito de la educación pública o la educación concertada” de dicho acuerdo. Con esta norma se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en este apartado del documento.
- Desarrollar plenamente los principios establecidos en la legislación básica como son la garantía del derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro, atendiendo a una adecuada y equilibrada distribución del alumnado entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos y a la demanda social.
- Introducir nuevos aspectos del procedimiento como son la inclusión de nuevos criterios de admisión, la reserva de plazas para la integración del alumnado perteneciente a familias con una situación socioeconómica desfavorable de ámbito territorial diferente al área de influencia del centro, la ampliación extraordinaria de la ratio por unidad, el reagrupamiento de hermanos y hermanas matriculados en el centro y el mantenimiento de las listas de espera, en aras de promover el acceso de las familias a una escolarización más adecuada a sus necesidades y convicciones.
No se han considerado otras soluciones alternativas dado que la importancia de las medidas hace necesaria la tramitación de una nueva disposición con rango de Decreto, sin perjuicio del posterior desarrollo normativo del mismo.
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