Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional

El Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Formación Profesional, configura al mismo como un órgano de naturaleza consultiva así como de coordinación y participación del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de las denominadas, anteriormente, Formación Profesional Reglada y Formación Profesional Ocupacional.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, ha creado un Sistema de Formación Profesional único que aúna el sistema de la formación profesional del sistema educativo y el de la formación profesional para el empleo. Asimismo, el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional viene a concretar y definir este sistema único aglutinando la Formación Profesional Reglada con la Formación Profesional Ocupacional.

Las dos normativas básicas suponen un cambio en el prisma de la Formación Profesional que conlleva la modificación conceptual y definitoria del Consejo Andaluz de Formación Profesional, que pasaría a ser un órgano de naturaleza consultiva, de coordinación y participación de la Formación Profesional en su globalidad, sin subsistemas, es decir, un sistema de Formación Profesional único en toda nuestra Comunidad Autónoma.

Ya el Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, en su Disposición adicional Única sobre el Consejo Andaluz de Formación Profesional, introduce una modificación significativa con respecto a la adscripción y presidencia de dicho Consejo y emplaza para la modificación del Decreto 451/1994 con el objeto de favorecer la integración de los dos subsistemas de formación profesional existentes en colaboración con los agentes económicos y sociales.

Por otro lado, los avances tecnológicos en los ámbitos de la informática, las telecomunicaciones y de la sociedad de la información se han consolidado en los últimos años, afectando no sólo a la sociedad sino también a los poderes públicos. Las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público vienen a plasmar un escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con la ciudadanía y de relación de aquellas entre sí. En concreto, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contempla la regulación de los órganos colegiados, en el marco de una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, para una mejora de su procesos y agilización de sus procedimientos. Partiendo de este mandato legislativo se ha adaptado en ciertos aspectos la norma reguladora del Consejo Andaluz de Formación Profesional como órgano colegiado.

Asimismo, la recientemente publicada, Ley 6/2024, de 20 de diciembre, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha venido a configurar un nuevo marco normativo en el ámbito de participación institucional, siéndole de aplicación a este órgano consultivo y suponiendo la modificación de aspectos recogidos en el propio Decreto 451/1994, de 15 de noviembre.