Un contrato del sector público es el documento en el que se especifican las condiciones para la compra de obras, productos o servicios por parte de un ente, organismo o entidad integrante del sector público a los empresarios, empresarias u organizaciones o entidades elegidas siguiendo las reglas establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de asegurar el funcionamiento de los servicios públicos. En los contratos se concretan los derechos y obligaciones de manera individual para cada una de las partes.
Cuando estos contratos se celebraran para el cumplimiento de fines de interés general, estará sometido al derecho administrativo y no al derecho privado.
Los contratos administrativos se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público y las cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, generales y particulares recogidas en los pliegos de licitación.
Partes del contrato
En el contrato suele haber dos partes: el órgano de contratación (la Administración contratante) y el contratista (la empresa que ofrece sus bienes o servicios).
El órgano de contratación: El órgano de contratación, que puede ser unipersonal o colegiado, inicia el procedimiento de contratación, tramita una licitación y adjudica el contrato. Este órgano cuenta con la asistencia, con carácter general, de una Mesa de Contratación. La Mesa de Contratación es la encargada de valorar la documentación presentada y realizar la propuesta de adjudicación del contrato. Dependiendo del caso, puede contar con el apoyo de un comité de expertos o de un organismo técnico especializado para la evaluación de las ofertas.
La persona contratista: Pueden contratar con el sector público las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en prohibición de contratar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente clasificadas.
Más información
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (pdf)
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