La Directiva Open Data, entre otros, posicionan al 2022 como el año del dato
Este año se convertirá en uno de los más memorables en cuanto a retos a cumplir para la protección de datos. Los procesos legislativos en la Unión Europea pondrán mayor énfasis en el marco regulador actual dando solución a cuestiones sobre su cobertura con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Este año se convertirá en uno de los más memorables en cuanto a retos a cumplir para la protección de datos. Los procesos legislativos en la Unión Europea pondrán mayor énfasis en el marco regulador actual dando solución a cuestiones sobre su cobertura con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
Estrategias europeas y nacionales para el tratamiento de datos
En este camino hacia un correcto marco regulador sobre la protección de datos, encontramos el trámite hacia la ePrivacy Regulation y el Data Governance Act, la legislación sobre servicios digitales, y la regulación de la inteligencia artificial. Se une a ello la estrategia europea de digitalización como iniciativa que trata de construir espacios sectoriales europeos de datos, y, en el plano tecnológico, conceptos como el blockchain, privacidad diferencial, entornos de tratamiento para la analítica de datos (data spaces) federados o centralizados, y la inteligencia artificial aumentan su presencia; adhiriendo significado al titular de este artículo.
No obstante, se observa que algunos criterios de las autoridades de protección de datos nacionales no siempre coinciden, lo que desemboca en que se incrementó el volumen sancionador, tratando de alcanzar una mayor simetría en la regulación de los elementos disponibles del RGPD en el nivel nacional. A ello se suma que las autoridades, en términos de plantilla y de toma de decisiones, poseen distintas capacidades y políticas que habrán de ser evaluadas.
España afronta el reto en primer lugar
Cabe destacar que el conjunto de los Estados de la Unión va a afrontar un ciclo de intensa transformación digital e innovación de la mano de los fondos de reconstrucción, en el que España se convertirá en el primer país en afrontar el reto. Se trata de un ciclo innovador dependiente de los modelos de cumplimiento normativo en protección de datos, por lo que será necesario un enfoque económico del derecho capaz de conjugar las garantías de los derechos, la investigación, la innovación y el emprendimiento.
Cabe añadir que la pandemia ha puesto en valor el Estado social de derecho, así como la necesidad de migrar hacia un modelo de generación de políticas públicas basadas en los datos. Es por ello que las futuras acciones del Gobierno y las Administraciones serán, sin duda, dependientes de procesos decisionales basados en una intensa analítica de datos. Así, la directiva Open Data y las previsiones de la Data Governance Act conducen a la definición de nuevas estrategias de reutilización de los datos del sector público al servicio del bien común.
Con todo ello, 2022 se posiciona como el año en el que se va a poner en valor el ecosistema de los profesionales de la privacidad y el correcto tratamiento de datos.