Con el objetivo de reforzar la interoperabilidad del sector público europeo mejorando la capacidad de las administraciones para cooperar y hacer que los servicios públicos funcionen a través de fronteras, sectores y organizaciones, la Comisión Europea adoptó el pasado 18 de noviembre de 2022 la ‘Ley Europea de Interoperabilidad’.
Esta Ley Europea de Interoperabilidad, dirigida a la prestación de servicios públicos más eficientes en Europa mediante una mayor cooperación entre las administraciones nacionales en materia de intercambio de datos y soluciones informáticas, es un paso obligado para la formulación de políticas adaptadas a la era digital y preparadas para servir y ayudar a la ciudadanía.
Un paso indispensable una vez que la propia Comisión considera que “los servicios públicos digitales interoperables son esenciales para digitalizar con éxito el mercado único de la Unión Europea. La industria y la sociedad tienen mucho que ganar si se aseguran de que la transformación digital del sector público europeo sea inclusiva, justa y abierta, sostenible, impulsada por el valor e interoperable”.
Objetivos de la Ley
Entre los objetivos que desarrolla esta propuesta están:
- Un Gobierno de Europa Interoperable, copropiedad de los Estados miembro y de la Comisión, que permita una cooperación dentro de un contexto político y tecnológico en constante evolución. Para ello se creará una comunidad de interoperabilidad que aportará experiencia y asesoría a un Consejo Europeo Interoperable
- Antes de establecer requisitos legales, organizativos, semánticos o técnicos vinculantes para los sistemas de Tecnología de la Información (TI), se deberán llevar a cabo evaluaciones de interoperabilidad obligatorias. Este tipo de acciones desarrolladas en la fase de diseño de políticas debería dar como resultado una implementación de acciones que garantizarán una formulación de políticas preparada para la tecnología digital
- Colaboración con el sector privado para el desarrollo de proyectos de innovación y experimentación, en especial aquellos comunes relacionados con el GovTech (digitalización de la Administración Pública) y otros centrados en los sandboxes regulatorios (espacio de experimentación, supervisado por instituciones regulatorias, para promover dentro de un entorno seguro la innovación en los nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por una regulación vigente)
- Reforzar la capacidad de las administraciones públicas a la hora de poner en marcha servicios interoperables, a través de soluciones compartidas y reutilizables. La plataforma Joinup es la ventanilla única de la Comisión Europea para el desarrollo de soluciones TIC de administración digital interoperables, abiertas y gratuitas, y un espacio online para que profesionales y apasionados de la administración electrónica compartan y aprendan sobre servicios e iniciativas públicas digitales e intercambien conocimientos
- Facilitar la implementación digital de la políticas de la Unión Europea, asegurando la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de TI
- Impulsar la capacitación continua sobre interoperabilidad
¿Qué es la interoperabilidad?
Esta palabra está conformada por los términos 'inter' (entre, en latín), 'opera' (trabajo, en latín) y 'habilitas' (habilidad o cualidad del hábil, en latín), por lo que se puede deducir que describe la capacidad de los sistemas u organizaciones para cooperar entre sí con el fin de perseguir objetivos comunes.
En el sector público, la interoperabilidad puede ser de tipo organizativa, semántica, técnica e, incluso, jurídica y, en definitiva, se refiere a la capacidad de las administraciones para cooperar, intercambiar información y prestar servicios públicos sin fisuras a través de fronteras, sectores y límites organizativos. También favorece el intercambio de datos fiables y el acceso entre sectores y niveles administrativos para mejorar la elaboración y aplicación de políticas.
La interoperabilidad, en esencia, consiste en alcanzar juntos objetivos comunes, a pesar de la distancia organizativa o geográfica entre los agentes. Las soluciones de interoperabilidad suelen compararse con esos ladrillos de juguete que pueden intercambiarse, reutilizarse y conectarse fácilmente, aunque tengan colores y formas diferentes.
Beneficios de esta Ley
Los beneficios de la mejora de la interoperabilidad y la cooperación del sector público se ven reflejados, entre otros, en una evidente reducción de costes, tiempo, energía y cargas administrativas innecesarias para los ciudadanos, las empresas y el propio sector público. Además, una mejora de la interoperabilidad puede contribuir al crecimiento económico, aumentar la independencia estratégica y política, así como la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos.
Se calcula que el ahorro anual de costes atribuido a la interoperabilidad transfronteriza oscila entre 5,5 y 6,3 millones de euros para los ciudadanos y entre 5,7 y 19,2 billones de euros para las empresas. Un estudio de 2022 del Centro Común de Investigación (CCI) cuantifica los beneficios de la interoperabilidad del sector público para los ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas, concluyendo que, por ejemplo, los particulares podrían ahorrar hasta 24 millones de horas y las empresas hasta 30.000 millones de horas al año.
Los ciudadanos, las empresas y las comunidades dependen de la prestación de servicios públicos de alta calidad. Digitalizar estos servicios y hacerlos interoperables puede suponer un importante ahorro de tiempo para los ciudadanos y las empresas. Por ejemplo, permiten a los ciudadanos cumplimentar formularios fiscales, renovar sus pasaportes y acceder a prestaciones familiares con solo unos clics. También eliminan la carga que supone enviar a ciudadanos y empresas de una oficina pública o sitio web a otro.
La creación de servicios públicos digitales de alta calidad requiere cooperación en materia de interoperabilidad, una fuerte conexión de confianza entre las administraciones públicas y un intercambio de datos sin fisuras. La cooperación público-privada GovTech que prevé la Ley apoya la innovación en el sector público, a través de la adopción de tecnologías innovadoras y la experimentación conjunta con nuevas soluciones interoperables.
La innovación en el sector público tiene el potencial de hacer que los servicios públicos sean más accesibles, fiables y eficientes, y crea nuevas oportunidades de negocio para las empresas tecnológicas y las startups. Los servicios públicos digitales interoperables son esenciales para digitalizar con éxito el mercado único de la Unión Europea.
Cooperación en el marco europeo
La Ley introduce un marco de cooperación para las administraciones públicas de toda la Unión Europea que ayuda a crear un intercambio transfronterizo seguro de datos y a acordar soluciones digitales compartidas, como programas informáticos de código abierto, directrices, listas de comprobación, marcos y herramientas informáticas.
También permitirá a los Estados miembro cooperar más eficazmente, intercambiar información y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios públicos a través de fronteras, sectores y límites organizativos. Estimula la innovación en el sector público y los proyectos GovTech público-privados.
Se agrupan así valiosos recursos en apoyo de las entidades del sector público de toda la UE y se allana el camino para una mejor reutilización de las soluciones existentes (idealmente de código abierto) en beneficio público, lo que ayudará a eliminar cargas administrativas. De esta manera, reducirá costes y tiempo a las empresas y a la ciudadanía, a los negocios y al propio sector público.
El futuro marco de cooperación en materia de interoperabilidad contará con la dirección del Consejo de Interoperabilidad de Europa, que estará compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE, de la Comisión, del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. La Junta, entre otras funciones, tendrá el mandato de acordar recursos reutilizables comunes, medidas de apoyo e innovación y la actualización del Marco Europeo de Interoperabilidad (MIM), modelo conceptual de interoperabilidad ampliamente reconocido en Europa. La Comunidad Europa Interoperable, que apoyará al Consejo en el logro de los objetivos establecidos y ayudará a implantar nuevas soluciones, reúne a un amplio conjunto de profesionales y expertos de, por ejemplo, empresas GovTech, la comunidad Open Source, regiones y ciudades de toda la UE.
Década Digital de Europa para 2030
La Ley Europea de Interoperabilidad se enmarca dentro del programa estratégico diseñado por la Unión Europea bajo el nombre de ‘La Década Digital de Europa: metas digitales para 2030’. Con él aspira a capacitar a las empresas y a las personas para un futuro digital sostenible, más próspero y centrado en el ser humano. De ahí que se hayan establecido unas metas y objetivos concretos con la mirada puesta en ese horizonte del año 2030.
Unos objetivos que pasan, desde las capacidades humanas, por conseguir que el 80% de la población consiga unas capacidades digitales básicas, alcanzar la cifra de 20 millones de especialistas en TIC, y lograr una convergencia de género. Desde el punto de vista de la transformación digital de las empresas, las metas pasan, entre otras, por que más del 90% de las pymes tengan un nivel básico de práctica digital, y que un 75% de las empresas de la UE utilicen la nube, la Inteligencia Artificial (IA) y los macrodatos.
También recoge referencias a infraestructuras digitales seguras y sostenibles con, entre otras cosas, conectividad Gigabit y 5G para todos, semiconductores de vanguardia que dupliquen la cuota de la UE en la producción mundial, y el primer ordenador con aceleración cuántica; y a la digitalización de los servicios públicos con el 100% de los servicios online, el 100% de las personas con acceso a sus historiales médicos, o la identificación digital de, al menos, el 80% de la ciudadanía de Europa.
Dentro de este proceso se enmarca también la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (pdf), que busca asegurar que la apuesta europea por la transformación digital esté plenamente alineada con los derechos fundamentales, incluyendo la protección de datos y la igualdad de trato, con principios como la neutralidad tecnológica y de la red y la inclusividad, y con el compromiso de mejorar las habilidades y competencias digitales, fomentar un ecosistema de educación digital de alto rendimiento, proteger los derechos de los usuarios en el entorno digital, garantizar la libertad de los medios de comunicación y luchar contra la desinformación.