Las comunidades autónomas integran los datos abiertos en sus estrategias de transformación digital, con un enfoque cada vez más orientado a la gobernanza del dato, la reutilización y la mejora de los servicios públicos
La apertura de datos públicos forma parte desde hace años de las políticas de transparencia de las administraciones españolas. En este tiempo, las comunidades autónomas han consolidado sus portales de datos abiertos y ampliado progresivamente la información disponible para administraciones, empresas, investigadores, ciudadanía y comunidad reutilizadora.
En los últimos años, sin embargo, el enfoque ha comenzado a evolucionar. Los datos abiertos siguen ocupando un lugar relevante, pero cada vez aparecen más integrados en políticas de gobierno del dato, interoperabilidad y transformación digital. El análisis de las estrategias autonómicas permite identificar una tendencia común: utilizar los datos no solo para garantizar la transparencia, sino también para mejorar la gestión pública, facilitar la toma de decisiones y generar valor social y económico.
Andalucía refuerza su apuesta por el valor estratégico del dato
En este contexto, Andalucía ha definido una estrategia orientada a convertir el dato en un activo de valor social y económico durante el periodo 2025-2028. Entre las actuaciones previstas destacan el desarrollo de planes específicos de apertura de datos en las distintas consejerías, el refuerzo de la colaboración con la comunidad reutilizadora y la mejora de herramientas como el visor del presupuesto para facilitar el acceso y la comprensión de la información pública.
La Junta de Andalucía también prevé ampliar las fuentes de información disponibles mediante iniciativas como la conexión del archivo electrónico institucional @rchivA con plataformas de datos abiertos o la creación de un observatorio unificado para las universidades públicas andaluzas, que permitirá consultar información sobre empleabilidad, investigación y rendimiento académico en formatos reutilizables.
Estas actuaciones reflejan una evolución en la forma de entender los datos abiertos, que pasan a integrarse dentro de una estrategia más amplia de gobierno del dato y modernización de la administración.
Una tendencia compartida por las comunidades autónomas
La evolución que plantea Andalucía también puede observarse en otras regiones, aunque con prioridades y ritmos diferentes. Aragón, Castilla-La Mancha o Navarra han impulsado oficinas del dato y modelos de gobernanza para gestionar la información pública durante todo su ciclo de vida, mientras que Cataluña y Galicia han incorporado estrategias corporativas centradas en mejorar la interoperabilidad, la calidad de los datos y su reutilización.
En paralelo, comunidades como Castilla y León, La Rioja o la Comunitat Valenciana continúan reforzando sus portales de datos abiertos mediante nuevos catálogos, herramientas de análisis e iniciativas dirigidas a fomentar el uso de la información pública por parte de empresas, investigadores y ciudadanía.
En conjunto, estas actuaciones muestran una tendencia común: los datos abiertos ya no se conciben únicamente como un instrumento de transparencia, sino como un recurso que debe poder compartirse, integrarse y reutilizarse en ámbitos cada vez más diversos.
Inteligencia artificial, espacios de datos y nuevas capacidades
Las estrategias autonómicas también incorporan cada vez con más frecuencia iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, los espacios de datos y la gestión inteligente de la información.
Aragón ha situado la inteligencia artificial entre los ejes de su plataforma de gobernanza del dato y ha puesto en marcha la primera Oficina del Dato de Salud en el ámbito autonómico. Castilla-La Mancha trabaja en un espacio de datos agroalimentario, Cantabria contempla la creación de oficinas del dato y Castilla y León avanza en el desarrollo de un espacio de datos autonómico de salud. Por su parte, Euskadi, Murcia o Galicia vinculan sus estrategias de transformación digital con el fortalecimiento del gobierno del dato para mejorar la planificación y la toma de decisiones públicas.
Aunque responden a necesidades distintas, estas iniciativas comparten un objetivo común: disponer de datos mejor organizados y preparados para generar nuevos servicios y apoyar la gestión pública.
Transparencia, participación y datos abiertos
Junto a estas actuaciones, las comunidades autónomas mantienen su compromiso con los principios tradicionales del gobierno abierto. Asturias, Extremadura, Illes Balears, Madrid o el País Vasco centran buena parte de sus compromisos en reforzar la participación ciudadana, mejorar el acceso a la información pública y hacer más comprensibles los contenidos publicados en sus portales de transparencia.
Esta convivencia entre transparencia, participación y gobierno del dato refleja la evolución que están experimentando las administraciones públicas. Los datos abiertos continúan siendo una pieza fundamental de las políticas de apertura, pero ahora se integran en estrategias más amplias que buscan aprovechar mejor la información para mejorar los servicios públicos, impulsar la innovación y favorecer una gestión basada en evidencias.