Rocío Blanco Eguren y Ángel J. Gallego Morales presiden el día 23 de mayo, a las 17:00 horas, el acto telemático de toma de posesión de las consejeras y consejeros nombrados mediante los Decretos del Presidente 5/2022 y 6/2022, de 27 de abril.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía incluye al Consejo Económico y Social entre las instituciones de autogobierno, y lo define como órgano colegiado de carácter consultivo del Gobierno de la Comunidad Autónoma, en materia económica y social, cuya finalidad primordial es servir de cauce de participación y diálogo permanente en los asuntos socioeconómicos. Asimismo, determina que su composición, competencia y funcionamiento se regularán mediante una ley del Parlamento, materializada en la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, de cuya vigencia se cumple este año el vigesimoquinto aniversario.
En el CES de Andalucía está representada la sociedad civil en su conjunto, a través de las organizaciones sindicales, empresariales, de personas consumidoras y usuarias y de la economía social, así como las corporaciones locales y la Universidad. Además, forman parte del mismo una serie de expertos de los ámbitos socioeconómico y laboral. Son treinta y seis miembros que conforman el Pleno del Consejo, bajo la dirección del presidente, asistido por la secretaria general, y que se reúnen en tres grupos con doce miembros cada uno: el Grupo Primero, en representación de las organizaciones sindicales; el Grupo Segundo, en representación de las organizaciones empresariales, y el Grupo Tercero, que representa a las personas consumidoras y usuarias (dos miembros), a la economía social (dos miembros), a las corporaciones locales (un miembro) y a la Universidad (un miembro), además de seis expertos del ámbito socioeconómico.
A lo largo de su existencia, el Consejo ha emitido, con carácter preceptivo, ciento setenta y cuatro dictámenes sobre los anteproyectos de ley y proyectos de decreto que le fueron sometidos a valoración, entre los que cabe destacar los relativos a la Ley de Salud Pública de Andalucía; la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo; la Ley de Cooperativas Andaluzas; la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía; la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía; la Ley del Turismo de Andalucía; la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, y la Ley de lucha contra el fraude y la corrupción y protección de la persona denunciante. Además, ha realizado algunos informes a iniciativa propia, de los que el más reciente es el denominado “Transición digital en Andalucía: realidades y desafíos”, y veintiún informes anuales que analizan la evolución de la comunidad autónoma en cualquiera de sus variables socioeconómicas, ofreciendo un diagnóstico de la región en el último año, el denominado “Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía”.
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