Información general
Autoría: Andrea Dugo, Fredrik Erixon, Dyuti Pandya
Publica: ECIPE
Fecha: 22 de abril 2026
La Ley de Mercados Digitales (DMA) supuso un cambio radical en la política regulatoria y de competencia de la UE, pasando de un enfoque basado en los efectos y a posteriori a un marco regulatorio prescriptivo y a priori. Si bien la DMA se fundamentaba en observaciones claras sobre la competencia en los mercados de plataformas, también presentaba ciertas ambigüedades conceptuales y deficiencias estructurales.
El argumento central de este informe es que existe una brecha cada vez mayor entre los objetivos declarados de la DMA, su aplicación y sus efectos en el mundo real. Resulta difícil encontrar pruebas que respalden la afirmación de que la DMA haya transformado significativamente la dinámica competitiva en los mercados digitales. Sin embargo, los costos de cumplimiento para las empresas han aumentado considerablemente. La aplicación de la DMA también está generando tensiones con otros marcos regulatorios de la UE, particularmente en las áreas de protección de datos, ciberseguridad, derechos de propiedad intelectual y protección del consumidor.
En términos más generales, la DMA refleja cada vez más un cambio en la filosofía regulatoria de la UE, que pasa de prohibir conductas perjudiciales a prescribir cómo deben funcionar los sistemas digitales. Al combinarse con otros regímenes prescriptivos, este enfoque genera inevitables dilemas entre la competencia, la seguridad y la privacidad.
En este informe, se argumenta que existe una nueva oportunidad para mejorar las prácticas de aplicación y lograr que la DMA sea más pragmática, proporcional y predecible. Para mejorar dichas estrategias, es necesario reajustar los métodos e instrumentos hacia una mayor previsibilidad, una mejor proporcionalidad y una toma de decisiones más basada en la evidencia. Para ello, se proponen cinco recomendaciones clave:
- Aclarar los objetivos principales de la DMA para prevenir la desviación en la aplicación de la normativa.
- Reforzar los estándares probatorios para las acciones coercitivas.
- Aplicar las obligaciones de interoperabilidad de forma proporcionada y teniendo en cuenta el contexto.
- Mejorar la coordinación con los marcos regulatorios adyacentes.
- Asegurarse de que cualquier ampliación de la aplicación de la ley se base en pruebas claras fundamentadas en la competencia.