La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico

Autoría: Lucas Gortazar, José Montalbán Castilla

Publica: EsadeEcPol

Fecha: 26 de mayo de 2026

En España, el número máximo de alumnos por aula es de 25 en Primaria y 30 en la ESO. El 11 de noviembre de 2025, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) presentó el anteproyecto de Ley para reducir la ratio máxima de alumnos por aula a 22 en Primaria y 25 en ESO e introducir un doble cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) en aulas ordinarias.

Este Policy Brief desarrolla una revisión de la evidencia empírica sobre el efecto de la bajada de ratios, que permita dimensionar el impacto esperable sobre el aprendizaje y bienestar docente, además de una comparación con respecto a las medidas alternativas a las que podrían destinarse los recursos que la reforma tendrá que desplazar.

Los resultados fundamentales de este análisis indican que, en la próxima década 2027-2036, el coste presupuestario neto medio será de al menos 2.818 millones al año, con un acumulado de 28.184 millones. Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 63% del coste nacional de una reforma que destinará más recursos a centros donde el porcentaje de alumnado es de mayor nivel socioeconómico, ya que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda y, por tanto, con perfiles socioeconómicos más altos. 

Dado que la evidencia académica más completa y reciente indica que reducir la ratio no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela y, en línea con los resultados obtenidos, este Policy Brief sugiere tres recomendaciones:

• Acotar el despliegue universal de la medida únicamente a los centros de alta complejidad y riesgo educativo, donde la evidencia sugiere efectos algo mayores y, más en general, donde las inversiones educativas tienen mayor impacto según la evidencia. 
• Redirigir parte del esfuerzo presupuestario hacia políticas con evidencia más robusta de impacto, como tutorías intensivas tipo PROA+, complementos salariales a docentes por destino en centros de alta complejidad, y un MIR educativo.
• Aprovechar la ventana demográfica que se abre estos próximos diez años no como margen presupuestario dedicado únicamente a la reducción universal de ratios, sino como palanca para invertir donde la evidencia indica que el retorno educativo es mayor, es decir, especialmente en alumnado de menor nivel socioeconómico.