Reunión de la Comisión de Impacto de Género, 3 de noviembre de 2020

La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su reunión de 3 de noviembre de 2020, ha aprobado el Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021. Este informe analiza cuál va a ser el impacto que la asignación de los recursos públicos va a tener en los hombres y las mujeres andaluzas para el próximo ejercicio, y su aprobación supone la confirmación de que el presupuesto público constituye un instrumento idóneo para hacer avanzar el mandato de los poderes públicos en materia de igualdad de género.

Por otra parte, se ha informado de la evolución que ha experimentado la Escala G+ desde la última reunión de la Comisión de 29 de mayo de 2020, en función de la estructura definitiva de Secciones y Programas del Presupuesto 2021. Esta actualización de la clasificación fue aprobada por la Comisión en esta reunión. En función de la misma, para el Presupuesto 2021 los programas presupuestarios con máxima relevancia para la igualdad de género, los programas G+, representan el 70,4% del total del crédito del Presupuesto, es decir, 21.458,6 millones de euros. En segundo lugar, los programas con relevancia media-alta en términos de igualdad de género, aquellos calificados como G, suponen el 19,2% del Presupuesto (5.858,5 millones de euros), Finalmente, los programas g1, de relevancia baja, cuentan con un crédito inicial de 2.489,1 millones, lo que representa el 8,2% del Proyecto de Presupuesto para 2021, un 12,2% más que el año anterior (270,8 millones de euros).

También se han comunicado los cambios producidos en la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en función del Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Estos afectan a una ampliación de sus funciones así como a su composición. Respecto a esta última, la Presidencia pasa a ser ejercida por la persona titular de la Secretaría General competente en materia de Hacienda.


 


 

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