En 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió para evaluar el Plan de Acción Mundial para combatir el tráfico de personas adoptado en 2010 y acordó designar el 30 de julio como el Día Mundial contra la trata de personas. En la resolución A/RES/68/192, los Estados Miembros señalan la necesidad de este día para «concienciar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano y para promocionar y proteger sus derechos».
Este año la conmemoración de este día viene marcada por la situación global generada por la COVID-19 y por la incertidumbre respecto a su evolución futura. La pandemia ha tenido consecuencias directas en las víctimas de trata de seres humanos, pero también en la posibilidad de actuación de las autoridades públicas para luchar contra este grave delito y proteger a las víctimas.
Las medidas adoptadas a raíz de la COVID-19 tales como el confinamiento, la cuarentena, las restricciones a los viajes, las limitaciones en materia de trabajo, han generado en todo el mundo una situación aún más compleja para las víctimas de trata de seres humanos, incrementando su vulnerabilidad y reduciendo las posibilidades de sustraerse de sus tratantes.
La trata de seres humanos, sea cual sea su finalidad, en un contexto de total invisibilidad, como el que propician medidas como el confinamiento, impide no solo la detección y la identificación de las victimas sino que coloca a estas en una situación de mayor dependencia y expuestas a mayor violencia por parte de sus tratantes, así como al margen de cualquier medida de salud pública y asistencia sanitaria.
No podemos olvidar que la trata de seres humanos, la esclavitud sexual, laboral, los matrimonios forzados de hombres y mujeres, niños y niñas, siguen encontrando a sus víctimas principales entre las personas migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, pero también entre personas vulnerables nacionales. Y es preciso construir un marco regulatorio y de protección para todos ellos y que aborde todas las finalidades de la trata.
El Gobierno andaluz es consciente del riesgo que corren de caer en estas redes las niñas y mujeres migrantes que llegan a nuestro territorio, en muchos casos engañadas bajo falsas promesas laborales tras las que se esconden auténticas tramas de explotación sexual con las que contraen deudas económicas que las impiden escapar de ellas, e incluso las amenazan con hacer daño a sus familias en sus países de origen. Por ello, hay recursos específicos de atención a las mujeres migrantes y a las niñas acogidas en centros de protección de menores para continuar ayudándolas a labrarse un futuro cuando cumplen la mayoría de edad y evitar así que caigan en manos de mafias.
Además de garantizar medios económicos a las víctimas de trata identificadas, es preciso redoblar los esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, en la detección, la identificación y la sanción a los tratantes. Para ello, es fundamental mantener una estricta vigilancia para detectar, tanto la captación como la oferta de servicios de víctimas de trata a través de internet. Y penalizar la demanda de servicios o bienes resultado de la trata de seres humanos con cualquier finalidad. Son evidentes los vínculos entre la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Conviene reflexionar que tras la demanda de servicios sexuales suele haber redes de trata que sin ella probablemente se reducirían. Aunque es responsabilidad de los poderes públicos prevenir y luchar contra este delito, la sociedad puede y debe jugar también un papel fundamental en su erradicación.
Es necesario avanzar en la legislación contra la trata de seres humanos con cualquier finalidad, con especial atención a las víctimas menores de edad. Y en el cumplimiento del Protocolo de 2014 del Convenio de trabajo forzoso ratificado por España.
Andalucía, 30 de Julio 2020
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