Nuria Gómez durante su intervención en las Jornadas 'Retos jurídicos de la Administración andaluza'
La secretaria general de Regeneración, Racionalización y Transparencia, Nuria Gómez, ha participado hoy en las Jornadas “Retos jurídicos de la Administración andaluza”, organizadas por el Instituto Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla, donde ha expuesto los avances del actual Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Gómez ha dejado claro que en estos temas resulta fundamental “la voluntad política” que, en el caso del actual Ejecutivo andaluz de Cs y PP quedó clara desde el principio ya que “un tercio de los puntos del acuerdo de Gobierno tienen que ver con estos asuntos”.
Gómez ha intervenido en la mesa redonda titulada “Hacia una profundización del buen gobierno: lucha contra la corrupción, transparencia, participación y evaluación de políticas públicas” junto a los catedráticos de Derecho administrativo Concepción Barrero, Severiano Fernández y Emilio Guichot. Una comparecencia en la que ha desgranado los compromisos ya cumplidos, como los Planes de Transparencia aprobados por las distintas Consejerías, el endurecimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos, los avances en la profesionalización de los puestos directivos, las auditorías de los entes instrumentales o la histórica Ley contra el fraude y la corrupción y protección de las personas denunciantes, que incluye la creación de una Oficina contra el fraude, formada por funcionarios y adscrita al Parlamento que será quien elija a su director.
“Se pretende que salten las alarmas lo antes posible y ante cualquier indicio de delito, poner los hechos en conocimiento del órgano correspondiente y así evitar lo que muchas veces ha ocurrido, que cuando lleguen a la Fiscalía o a los juzgados los delitos cometidos están al borde de prescribir”, ha explicado.
La secretaria general de Regeneración ha hecho hincapié en la importancia que la norma, aprobada el pasado mayo, concede a la protección de quienes revelan malas praxis en las instituciones públicas que “son el altavoz y tenemos que dar cobertura a esa valentía” ya que “el miedo a represalias ha frenado muchas denuncias que podían haber llegado”.
Gómez también ha detallado los avances en la profesionalización del personal directivo del sector público andaluz, con unas instrucciones que fijan un perfil, sistema de acceso y de evaluación por objetivos -cuyo incumplimiento puede reducir su sueldo e incluso ser motivo de cese- y que actualmente se están recogiendo en un Decreto en elaboración para darle mayor rango legal y estabilidad a esta nueva forma de nombrar a quienes gestionan los entes instrumentales de la Junta de Andalucía.
Asimismo, ha subrayado el Proyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas que la Consejería que dirige Juan Marín está elaborando para medir la eficacia y eficiencia de las decisiones y actuaciones de las administraciones, un mandato sin cumplir del Estatuto de Autonomía desde la reforma de 2007 y algo que “en el sector privado es común pero en lo que hay que avanzar en el sector público”. Y ha anunciado que el Ejecutivo está inmerso en la elaboración de un Código de Buen Gobierno, un compromiso de buenas prácticas y principios por parte de los altos cargos.
En materia de transparencia, Gómez ha expuesto que se está elaborando el Reglamento para desarrollar la normativa vigente, que está pendiente desde su aprobación en 2014, al tiempo que se prepara la articulación del sistema de protección de datos por parte de la Junta para hacer compatibles ambos aspectos.
“La apuesta de este Ejecutivo con los principios del buen gobierno y la regeneración es firme”, ha subrayado. Ha garantizado la voluntad de la Junta y en especial de la Consejería que dirige Juan Marín, que ostenta estas competencias, por “cumplir con el compromiso que adquirimos con los andaluces” tras recibir su confianza en las elecciones de 2018 cuando los ciudadanos expresaron que “querían un cambio” después de los incumplimientos del anterior Ejecutivo en aspectos como la puesta en marcha de la Oficina contra el fraude.
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