El lunes 17 de octubre dio comienzo en Quito [Ecuador] la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible: Hábitat III. Los 193 estados que forman parte de las Naciones Unidas se reúnen cada 20 años para discutir en torno a las políticas urbanas y elaborar una agenda común para las dos décadas siguientes.
El primero de los encuentros, Hábitat I, se realizó en 1976 en Vancouver. Uno de sus resultados fue la creación de la Comisión de las Naciones Unidas de Asentamientos Humanos, que entre 1978 y 1996 luchó para prevenir y mejorar los problemas originados por el crecimiento urbano masivo. Esta comisión se convertiría en 2002 en el programa ONU-Hábitat. Hábitat II tuvo lugar en 1996 en Estambul; en esta ocasión se evaluaron los avances realizados desde la cumbre anterior y se establecieron objetivos para el nuevo milenio. El resultado del encuentro fue la Agenda Hábitat, firmada por 171 países, que contenía más de 100 compromisos y 600 recomendaciones.
A lo largo de esta semana, entre los días 17 y 20 de octubre, se celebra en Quito (Ecuador) la tercera de estas conferencias internacionales: Hábitat III. La Agencia ONU-Hábitat ha liderado la organización de la conferencia, a partir de una serie de encuentros y actividades preparatorias, como las PrepComs (preparatory committees), que se han realizado durante los últimos dos años en diferentes sedes.
La Nueva Agenda Urbana (pdf) será el documento que resulte de la conferencia, servirá de referencia durante los próximos veinte años para orientar las políticas urbanas. Establecerá estándares globales para medir los logros en materia de desarrollo urbano sostenible, repensando la manera en que construimos, gestionamos y vivimos en ciudades. Este objetivo se plantea a través de la cooperación entre los distintos socios comprometidos: las personas implicadas y actores urbanos (en todos los niveles de gobierno), así como el sector privado.
La conferencia Hábitat III contará con la participación de unas 35000 personas, entre las cuales se encuentran responsables de los países miembros de la ONU, autoridades locales y regionales, profesionales e investigadores en materias relacionadas con los entornos urbanos, así como miembros de organizaciones sociales que actúan en sus territorios por el derecho a la ciudad.