Vivienda adecuará los nuevos crecimientos urbanísticos a la evolución real de la población andaluza

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio ha modificado el denominado coeficiente de habitabilidad, utilizado para modular los crecimientos de población de los municipios y para establecer el número de viviendas que se ajustan a los parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El nuevo coeficiente queda fijado en 2,4 habitantes por vivienda y, con ello, da cumplimiento a una de las peticiones que empresarios, sindicatos y Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) incluyeron en el Pacto por la Vivienda que firmaron el pasado mes de diciembre, y que posteriormente se ha materializado en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, ya en vigor.Dado que hasta 2011 no se elaborará el nuevo Censo de población y vivienda en España y teniendo en cuenta el impulso que la Consejería desea llevar a cabo para adaptar los planeamientos urbanísticos de los municipios andaluces en esta legislatura, se considera necesario adaptar las previsiones estadísticas a la realidad actual, que viene marcada por un proceso de disminución del cociente entre población y viviendas principales (el número de personas que conviven en el hogar familiar), al objeto de adecuar la respuesta de la Administración a la realidad social y su incidencia en la planificación del desarrollo urbanístico de nuestras ciudades y en particular con la política de suelo y vivienda. El nuevo coeficiente de habitabilidad, unido a los procesos de adaptación de los planeamientos urbanísticos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), permitirá también impulsar la construcción de más VPO en los municipios andaluces puesto que aumenta el número global de viviendas que se podrán ajustar a estos parámetros del POTA, de las que el 30% tendrán que ser protegidas. Así, por ejemplo, un municipio de 10.000 habitantes podría construir hasta 1.666 viviendas nuevas, de las que 500 tendrían que ser protegidas en función a la exigencia de la LOUA, mientras que con el anterior coeficiente de habitabilidad este número de VPO se reduciría a 444.
Los servicios técnicos de la Consejería de Vivienda han constatado que la relación entre la población y la vivienda principal ha tenido una evolución descendente tanto a nivel nacional como en Andalucía, de manera que el índice de tendencia estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el próximo censo de población en 2011 se ha visto modificado a la baja ya en 2008 hasta los 2,6. Además, las previsiones apuntan a que esta relación mantendrá una tendencia similar en los próximos años y que, en un horizonte de 8 años se podría situar en torno a 2,4 habitantes por vivienda en Andalucía, cifra en la que ha quedado establecido el nuevo coeficiente de habitabilidad. No obstante, esta estimación deberá ser corregida en el año 2012, cuando ya se tengan los datos oficiales del Censo de 2011. En las condiciones actuales de aplicación del nuevo coeficiente de habitabilidad más ajustado al tamaño real del hogar posibilitará, sin pérdida de dotaciones, un aumento de la inversión para vivienda y para generación de empleo de un 13 por ciento.La modificación del coeficiente de habitabilidad se enmarca también en un amplio abanico de actuaciones que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio está desarrollando para impulsar la construcción de vivienda protegida en Andalucía. La principal de estas medidas es el Decreto 11/2008 que permite la adaptación parcial a la LOUA de los planeamientos municipales en un plazo de 3 ó 4 meses con el fin de disponer de suelo en el menor tiempo posible para construir inmuebles protegidos.
En este sentido, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, se reunió recientemente con los representantes de los 70 municipios con mayor demanda de vivienda protegida para instarles a agilizar la adaptación de sus planeamientos y para presentar el plan de choque puesto en marcha para dinamizar estos procesos de adaptación, que incluye tres medidas. La primera de ellas es la contratación de equipos técnicos, uno por provincia, para asesorar y apoyar a los Ayuntamientos en dicho proceso. Las otras dos medidas son sendas órdenes que, por un lado, regula ayudas económicas a los Ayuntamientos para la financiación de actuaciones relacionadas con la ordenación y gestión urbanística, como la propia adaptación a la LOUA; y por otro lado, simplifica los procedimientos para la calificación de vivienda protegida en orden a garantizar que no se prolonguen más allá de los tres meses estipulados.