Espadas pide a los 70 municipios con mayor demanda de vivienda protegida que agilicen su adaptación a la LOUA

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, se ha reunido esta mañana con los representantes de casi 70 municipios de las ocho provincias andaluzas para instarles a agilizar la adaptación de sus planeamientos a la LOUA, especialmente mediante la vía de la adaptación parcial que contempla el Decreto 11/2008, que permite acelerar el proceso y acortar los plazos a tres o cuatro meses con el fin de disponer de suelo en el menor tiempo posible para construir viviendas protegidas.Los Ayuntamientos convocados hoy representan a todas las capitales de provincia y a los municipios mayores de 50.000 habitantes, que aglutinan al 65% de la población andaluza y concentran las mayores demandas de VPO en la comunidad. Son, por tanto, áreas de máxima incidencia, en las que la liberación de terreno desde los planes urbanísticos para edificar inmuebles de protección oficial despejará de forma significativa el panorama de la vivienda protegida en Andalucía. Sobre todo, en lo que respecta a las necesidades de los más jóvenes que quieren independizarse y a los que las tendencias alcistas de los precios han expulsado del mercado residencial durante la última década.Este objetivo ha guiado desde el inicio de la legislatura las líneas de acción prioritarias de la Consejería, que se ha marcado como compromiso en el nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo clasificar 100.000 inmuebles protegidos en los próximos cuatro años. Para su consecución, Espadas ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con "la colaboración estrecha de la Administración local", a la que ha pedido una "actitud proactiva", al tiempo que ha reiterado que pondrá "a disposición de los Consistorios todos los esfuerzos humanos, técnicos y económicos con los que contamos para facilitar la tarea de dotar a sus municipios de vivienda protegida".Medidas de agilizaciónEspadas ha presentado a los representantes municipales el plan de choque que acaba de aprobar la Consejería para favorecer esta prioridad de dinamizar la tramitación de los planeamientos urbanísticos y que incluye tres medidas. La primera consiste en la contratación de equipos de técnicos, uno para cada provincia, para asesorar a los Ayuntamientos en dicho proceso. Los más de 30 técnicos que forman estos equipos técnicos trabajarán sobre el terreno, por lo que conocerán al detalle las necesidades de cada área.Las otras dos medidas son sendas órdenes que inciden en la colaboración entre la Consejería y la Administración local. La primera regula ayudas para la financiación de actuaciones relacionadas con la ordenación y gestión urbanística. Dotada de una inversión estimada de unos siete millones de euros, la orden tendrá una vigencia de tres años y renueva y amplía las subvenciones que se vienen concediendo en este ámbito. Todos los Ayuntamientos andaluces podrán optar a las ayudas, que varían entre el 100% del presupuesto de la actuación, para municipios de menos de 20.000 habitantes; y el 10% para los de más de 50.000. Los trabajos objeto de las subvenciones son la redacción de planes generales y sus revisiones totales; las adaptaciones de los PGOU a las determinaciones de la LOUA, conforme al Decreto 11/2008; el fomento de la participación pública en el planeamiento; su difusión; y las actuaciones relacionadas con la gestión y la ejecución del planeamiento urbanístico municipal.
Por su parte, la segunda orden, aprobada para simplificar los procedimientos para la calificación de vivienda protegida, pretende garantizar que dicho proceso no se prolongue más allá de los tres meses estipulados, ya que hasta ahora, y debido a la aplicación de numerosa normativa, los plazos se alargaban con distintos modificados y nuevas solicitudes de información.En el conjunto de los municipios que han acudido al encuentro de hoy, la Consejería de Vivienda ha adjudicado en lo que llevamos de año suelo patrimonial autonómico para la construcción de 4.606 inmuebles protegidos, y en un breve plazo de tiempo se entregarán, mediante licitación, nuevos lotes para levantar otras 1.000 viviendas de protección oficial. La puesta en el mercado de activo público constituye una medida esencial para activar el sector de la construcción, pero sobre todo para alcanzar los objetivos del nuevo Plan de Vivienda, por los que la Consejería continuará avanzando en esta línea.