La Junta de Andalucía saca a concurso público suelo para la construcción de 631 viviendas protegidas en Cádiz

La Junta de Andalucía ha sacado a concurso público suelo del patrimonio público con capacidad para la construcción de 631 viviendas protegidas en la provincia de Cádiz. Este nuevo lote de suelos para viviendas protegidas se suma a los que ya sacó la Junta el pasado mes de diciembre para 454 viviendas (todas ellas localizadas en Jerez), por lo que la oferta de suelo para vivienda protegida en la provincia de Cádiz asciende ya a 1008 viviendas. Los nuevos suelos se localizan en Jerez de la Frontera (456 viviendas); y en los municipios de Puerto Real (58) y San Roque (117 viviendas). Esta convocatoria pública de suelo para Cádiz forma parte del paquete de suelos para 7.000 viviendas que la Junta de Andalucía va a ofertar en los próximos meses en toda Andalucía, dentro de las medidas para la ejecución del Pacto Por la Vivienda suscrito entre las Administraciones Públicas (Junta de Andalucía y Ayuntamientos), agentes sociales y económicos (Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CC OO) y las Entidades de Crédito, que aportan créditos a promotores y adquirentes por valor de 9.000 millones de euros.De acuerdo a estos plazos, y con la nueva convocatoria de hoy, la Empresa Pública de Suelo ya ha sacado suelo público para 4278 viviendas en toda Andalucía: suelo para 167 viviendas en Almería; 1085 en Cádiz; 1805 en Córdoba; 584 en Sevilla; 212 en Granada; 182 en Huelva, 100 en Jaén y 143 en Málaga.El Pacto por la Vivienda tiene como objetivo principal preparar el camino para que el ejercicio del derecho a la vivienda en Andalucía, recogido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, sea una realidad. Además, su ejecución contribuye a mantener en alza la actividad del sector de la construcción y de las empresas auxiliares, que es una de las principales fuentes de empleo y riqueza en la Comunidad Autónoma.Este Pacto recoge el objetivo de construir y ofertar al menos 700.000 viviendas, al menos 300.000 de ellas protegidas, en los próximos 10 años con el objetivo principal de cubrir las necesidades de los nuevos hogares que se constituyen y que necesitan acceder a su primera vivienda. Se trata fundamentalmente de jóvenes, trabajadores en general y clases medias que se han visto expulsados del mercado de la vivienda libre por la subida de precio de la misma en la última década. Este problema es especialmente acuciante en las áreas metropolitanas, litorales y en los municipios con más de 50.000 habitantes donde los precios han subido por encima de la media y donde se concentra gran cantidad de población joven.