Concepción Gutiérrez afirma que no puede dejarse al mercado la satisfacción del derecho a la vivienda

La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, ha afirmado en la inauguración de las "Jornadas de orientación sobre política de vivienda y suelo" que se celebran en Córdoba, que no se puede dejar en manos del mercado la satisfacción del derecho a una vivienda digna y adecuada, como lo demuestra el fracaso de la anterior Ley del Suelo de 1998, por lo que es necesario una intervención de los poderes públicos para poder garantizar el derecho a la vivienda. En este foro de debate organizado por la Diputación Provincial de Córdoba, la consejera de Obras Públicas ha recordado que este derecho forma parte de los derechos sociales que la Constitución ampara optando por un modelo social de derecho cuyo alcance, determinación y concreción tienen que ser determinados por Ley. Es por ello, que la Junta de Andalucía y de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía ha formulado la Ley del Derecho a la Vivienda, cuyo anteproyecto que está siendo debatido en el seno de la Mesa de la Concertación Social, para remitirlo posteriormente a las instituciones y agentes sociales. El desarrollo de esta Ley se ha planteado en este momento por la existencia de una importante demanda social de acceso a la vivienda insatisfecha, especialmente en el segmento de la población joven, así como por la existencia de un mandato Estatutario para su regulación mediante una Ley. Además, Concepción Gutiérrez recordó que se parte de un cuerpo normativo básico ya aprobado donde destaca la Ley de la Vivienda Protegida de 2005 con la que se puso freno a determinados comportamientos fraudulentos en este ámbito. A ello se añade que nos encontramos en un proceso generalizado de revisión de los planeamientos municipales para su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.Este derecho será podrá ser ejercitado por aquellos andaluces que careciendo de una vivienda en propiedad, tengan unos niveles de renta anuales inferiores a 5,5 veces el IPREM (30.000 euros), constatándose de que la mayoría de ciudadanos que cumplen estos requisitos son jóvenes de menos de 35 años.Para ello se definen tres niveles básicos, además de las viviendas de promoción pública para los más desfavorecidos. El primero de los niveles aborda la creación de nuevos hogares y a la emancipación. Se trata de una primera vivienda, tanto en venta como en alquiler, para jóvenes con empleo y con ingresos por debajo de 2,5 veces el IMPREM.En el segundo se encuentran las acciones para satisfacer la demanda de familias con necesidades específicas (numerosas, con familiares en dependencia, monoparentales) y a familias de clase media cuyos ingresos no superen en 5,5 veces el IPREM.El tercer nivel se conforma con los Alojamientos que deben dar respuesta a las necesidades temporales de alojamiento por razones sociales, laborales o coyunturales.Igualmente, la consejera de Obras Públicas recordó que con esta Ley los ciudadanos pueden exigir, vía judicial, la revisión o modificación de los planeamientos municipales para la obtención de suelos con destino a viviendas protegidas, si los respectivos Ayuntamientos no hubiesen satisfecho este derecho en el plazo fijado. Concepción Gutiérrez cerró su intervención añadiendo que "poner en marcha todo esto cuesta muchísimo, mucha voluntad política, mucha constancia y mucha perseverancia en la aplicación de los derechos".