Estrategia Andaluza Para La Coordinación Sociosanitaria (Documento Completo)
Introducción
La atención sociosanitaria representa un reto para los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, reto agudizado tras la pandemia ocasionada por el COVID-19. Los avances alcanzados en nuestro país hasta la actualidad en este ámbito no han supuesto logros significativos, excepto algunas experiencias en algunas Comunidades Autónomas, mientras que esta modalidad de atención presenta avances notorios en países de nuestro entorno.
El cambio en el perfil sociodemográfico y cultural de la población de los últimos años está generando un aumento de la fragilidad y la dependencia, y no siempre la respuesta de los sistemas sanitarios y sociales se adecúa a las necesidades y a los cuidados que va precisando la ciudadanía, siendo necesaria su adaptación, generando una mayor accesibilidad y calidad en los servicios de atención social y sanitaria, para potenciar la permanencia de las personas en el lugar donde viven, si así lo desean.
La dimensión sociosanitaria alcanza una gran complejidad, sobre todo en su gobernanza, al venir determinada por su naturaleza pluriinstitucional, multidisciplinar e integral en la respuesta a las personas. La desigual trayectoria de los sistemas de salud y de servicios sociales en cuanto a sus diferencias históricas, entre otras, de consolidación, dimensión, distribución competencial entre administraciones, expresión, cultura organizativa, añade una mayor dificultad para el logro del mejor entendimiento posible entre las instituciones implicadas. Pero es evidente que ambos sistemas han de identificar su relación e interdependencia como necesaria para atender y resolver adecuadamente los problemas multidimensionales de la ciudadanía, la razón de ser de esta Estrategia, basada en los profundos cambios sociodemográficos, la situación epidemiológica actual y futura y sostenibilidad de los sistemas sanitario y social.
En Andalucía han transcurrido ya más de dos décadas de sucesivos intentos de coordinación entre ambos sistemas, como lo pone de manifiesto el Convenio Marco entre la Consejería de Salud y la Consejería de Asuntos Sociales para el desarrollo de actuaciones sociosanitarias conjuntas, que data de 1997. Aunque se ha avanzado, esta coordinación no ha conseguido ser global ni sistemática. Ejemplos de ello son la facilitación de los informes de salud por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) necesario tras la presentación de la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia o la colaboración en actuaciones en pro de un envejecimiento saludable entre las Consejerías competentes en materia de salud y de servicios sociales, en este caso también con la Consejería competente en materia de deportes.
Existe una mayor convergencia en el seno de planes integrales de carácter interdepartamental, como son, entre otros, el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023, el III Plan integral de salud mental, la Estrategia de Alzheimer y otras demencias, el Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía, III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
Además, la presente legislatura se inicia con la creación, en la Consejería de Salud y Consumo, de una Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo y de una Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones. Conforme establece el Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Consumo, se asigna, entre sus funciones, a la citada Secretaría General “El diseño, seguimiento y evaluación de la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria entre la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería con competencias en materia de servicios sociales, especialmente orientados a los grupos y colectivos en situación de vulnerabilidad y gran adversidad sanitaria y social.
En la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la relación entre ambas Consejerías se ha estrechado y ha quedado plasmada en la creación de las Comisiones Autonómica y Provinciales para la coordinación en materia sociosanitaria de Andalucía, dada la crudeza que la pandemia ha tenido, sobre todo en las residencias de personas mayores que ha precisado la adopción de medidas sanitarias específicas de manera ágil y rápida, adaptación del rol de las Enfermeras Gestoras de Casos (EGC), reorientación de las funciones de las/os Trabajadores Sociales del ámbito sanitario, así como de la inspección de servicios sanitarios y de servicios sociales y el desarrollo de un programa de humanización y vida saludable en los centros residenciales.
En esta línea, el pasado día 11 de agosto de 2022 se publicó en el BOE el Acuerdo del Consejo territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, uno de cuyos apartados es la coordinación para la atención social y sanitaria. El proceso de envejecimiento demográfico y el vuelco de las pirámides de población están cambiando las previsiones sociales y sanitarias de nuestra sociedad occidental. La mayor longevidad debe ir acompañada de calidad de vida. La situación es la de un crecimiento constante, tanto de la prevalencia como de los costes, de las enfermedades crónicas, del mismo modo que aumenta las necesidades en los cuidados de las personas con discapacidad y las que están en situación de dependencia, situaciones que se dan con mayor frecuencia en las personas mayores. Según datos del departamento de población del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), las personas mayores suponen el 43,3% de todas las altas hospitalarias, presentan estancias más largas que el resto de la población y más de la mitad de todas las estancias causadas en hospitales se debe a la población mayor (54,9%). Del mismo modo que representan el sector de población que demanda mayor volumen de recursos del Sistema de Servicios Sociales.
La innovación constante en diagnóstico y terapéutica, así como los derechos garantizados que se empiezan a consolidar en materia de servicios sociales, suponen una mayor demanda de servicios que requieren de una atención adecuada, rápida, eficiente y con fácil acceso a los datos médicos y sociales desde cualquier dispositivo, plantean desafíos importantes de carácter económico y social para la sostenibilidad de los sistemas sanitario y social, que deben garantizar el acceso, equidad, cohesión y financiación en función de las necesidades de atención de las personas a las que va dirigida, dando respuesta, a su vez, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto al objetivo de Salud y Bienestar.
A raíz de la pandemia, la Unión Europea ha provisto a los estados miembros de fondos financieros específicos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, destinados a diversos ejes, entre los que se encuentra los ejes relacionados con la economía de los cuidados sanitarios y sociales y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión, así como de la asistencia sanitaria y que se ha trasladado a la Estrategia para la Transformación Económica de Andalucía (ETEA) 2021-2027.
Por todo ello, es necesario priorizar el impulso de una atención integral a las personas con necesidades de apoyo asistencial intenso y complejo, coordinando de modo continuo y sistemático los servicios sanitarios y los sociales, fomentando el trabajo en equipos interdisciplinares e intersectoriales, que garantice la continuidad de los cuidados, con la máxima participación de la persona y de su entorno, mediante la elaboración y aprobación, desde el consenso, de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria que optimice los recursos existentes en aras a mejorar la salud y el bienestar social de la población, dando así cumplimiento al Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia, publicado en el BOJA núm. 58, de 26 de marzo de 2021.