El Consejo deGobierno ha manifestado su criterio favorable respecto a la toma en consideración de laproposición de Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de laspersonas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) y sus familiares,presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos Andalucía e Izquierda Unida LosVerdes-Convocatoria por Andalucía.
El texto conjunto, que sustituye a propuestas anteriores promovidas de forma independiente porestos grupos, incorpora como principal novedad la inclusión de las familias en el ámbito de laregulación, especialmente las homoparentales. Asimismo, establece la creación del Consejo Andaluzde Participación del colectivo LGTBI, órgano de consulta, asesoramiento, representación yparticipación que se encargará, entre otras funciones, de evaluar el desarrollo de las políticas enla materia y de elaborar un informe anual.
En el ámbito sanitario, la proposición incorpora los derechos de los menores transexuales yarecogidos en el Proceso Asistencial Integrado que la Consejería de Salud desarrolla desde enero deeste año. Se incluyen entre ellos el tratamiento de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, paraevitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados, y el tratamiento hormonalcruzado en el momento adecuado para propiciar el desarrollo de los deseados. Asimismo, respecto alos menores intersexuales, el sistema sanitario público de Andalucía velará para que las prácticasde modificación genital en recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos.
Respecto a la inserción social, la propuesta establece medidas dirigidas a víctimas de violenciay a personas en situación o riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, además de otrasespecíficas de apoyo, protección y mediación a menores y jóvenes sometidos a situaciones de presióno maltrato psicológico y/o físico. La Junta deberá incluir la formación sobre orientación sexual eidentidad de género en los cursos de mediadores, monitores y formadores dirigidos al colectivojuvenil. Por su parte, los centros residenciales, los de día para personas mayores, los departicipación activa y los destinados a personas con discapacidad garantizarán el derecho a la nodiscriminación de las personas tanto a título individual como en su relación sentimental.
En materia educativa, se refuerzan las medidas de lucha contra el acoso escolar por motivos deorientación o diversidad sexual, así como las acciones para detectar, prevenir y proteger deacciones de discriminación hacia personas LGTBI, incluyendo a las que forman parte de familiashomoparentales.
En el ámbito laboral la principal novedad es la incorporación de criterios de igualdad deoportunidades en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo. Las destinadas aconciliación laboral incluirán igualmente cláusulas para reconocer la heterogeneidad delhecho familiar. Por su parte, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio deberá introducir en susplanes formativos materias sobre la igualdad de las personas LGTBI, así como fomentar laimplantación progresiva de indicadores para reconocer a las empresas que destaquen en estaspolíticas. En esta línea, las bases reguladoras de subvenciones públicas incluirán cláusulas depreferencia para contratar o conceder ayudas a aquellas entidades que así lo acrediten.
En cultura se prevé la creación de un fondo documental y bibliográfico específico de LGTBI,disponible en todas las bibliotecas adscritas a la Junta de Andalucía, mientras que en turismo sepromoverán acciones para situar a la comunidad como destino de referencia LGTBI.
Memoria democrática
Otra novedad destacada respecto a proposiciones anteriores es la encomienda que se hará alInstituto de la Memoria Democrática de Andalucía para la puesta en marcha de estudios einvestigaciones sobre las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista por su orientaciónsexual o identidad de género.
La propuesta también incluye un régimen de infracciones y sancionador para prevenir y erradicarcualquier forma de discriminación y proteger y reparar a las víctimas. Se distingue entreinfracciones leves, graves y muy graves, con multas de hasta 120.000 euros. Estas cuantías iránacompañadas, además, de la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública, lainhabilitación para ser titular de centros de servicios de carácter público y el cierre osuspensión temporal de los mismos por un periodo máximo de hasta cinco años.
La consejería con competencias en materia de igualdad deberá elaborar anualmente un informeestadístico sobre las agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI y los casos de delitos deodio, teniendo en cuenta los datos aportados por los puntos de Información y atención a lasvíctimas.
Según el informe del Ministerio del Interior sobre incidentes relacionados con delitos de odioen España en 2016, sobresalen los cometidos contra personas debido a su orientación o identidadsexual. En total se registraron 230, de ellos 30 en Andalucía. Los servicios policialesesclarecieron 166 (un 72,2%), lo que dio lugar a 99 detenciones.
Normativa actual
La protección de los derechos LGTBI está regulada parcialmente en Andalucía a través de la Ley2/2014, de 8 de julio, para la no discriminación por motivos de identidad de género yreconocimiento de las personas transexuales de Andalucía. Esta norma dio respuesta a las demandasplanteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de lamención de sexo y nombre propio en el Registro Civil, que desde 2007 permite la legislaciónestatal.
La ley garantiza el ejercicio de la autodeterminación de género de las personas que manifiestanuna identidad distinta de la que tienen al nacer, así como a unas condiciones de vida iguales a lasdel resto de la ciudadanía. De este modo, incluye medidas para asegurar la atención educativa,social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. En este último aspecto, incorpora a lacartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud un procedimiento integral de reasignación sexualcon los correspondientes tratamientos, cirugías y prestaciones que aseguran el desarrolloequilibrado y saludable de la identidad de género, especialmente en la etapa de la pubertad.
En el ámbito educativo, la ley establece programas de detección de situaciones de riesgo para eldesarrollo integral de los menores que manifiestan una identidad de género distinta de la de susexo biológico, mientras que en el laboral destacan las cláusulas administrativas para garantizarque las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas pordiscriminación.
Compartir en