La Junta sanciona a Banco Mare Nostrum con casi 1,6 millones de euros por la inclusión de cláusulas abusivas en hipotecas

El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con 1,58 millones de euros a Banco Mare Nostrum,SA, por introducir cláusulas abusivas en contratos de préstamos hipotecarios y por incumplimientode la información de prestación de servicio. El procedimiento sancionador se inició en 2016, trasla recepción de 356 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña decontrol de la Inspección de Consumo, por la inclusión de ‘cláusulas suelo’ en lasescrituras.

La sanción incluye 700.000 euros por infracciones muy graves contra la legislación vigente dedefensa de los consumidores y, además, el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado encasi 886.000 euros.

De acuerdo con la normativa vigente, se consideran cláusulas abusivas aquellas que causan undesequilibrio en la posición entre el consumidor y el empresario, reservando a este facultades parainterpretar, modificar o resolver unilateralmente el contrato. Imponen garantías desproporcionadasal riesgo asumido y, entre otros aspectos, establecen la renuncia del prestatario al derecho a lanotificación en caso de cesión del préstamo. Esta práctica conlleva una sanción de 350.000euros.

De igual importe es la multa por incumplir el deber de información de prestación de servicio y,concretamente, sobre las ‘cláusulas suelo’. Estas se introducen en los contratos depréstamo hipotecario a interés variable (fundamentalmente euríbor) y prevén que, aunque el tipo sesitúe por debajo de un determinado umbral (suelo) establecido en la propia hipoteca, la personaconsumidora seguirá abonando lo correspondiente a ese umbral y no la cantidad equivalente a labajada del euríbor.

Para la fijación de las cuantías, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta como circunstanciasagravantes el perjuicio causado a los consumidores, valorable en más de 50.000 euros, y lareiteración, toda vez que la entidad ya había sido sancionada en firme en los dos años anteriorespor otras infracciones tipificadas en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuariosde Andalucía.

Junto con esta norma, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de losDerechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, quefue aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y elderecho a la información de los andaluces en estas materia. El texto aporta una serie de mejorasrespecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe unpréstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.

Según datos de la Consejería de Salud, la Dirección General de Consumo ha recibido en lo que vade año 11.639 reclamaciones y ha atendido 27.258 consultas a través del servicio multicanal ConsumoResponde. El sector bancario aglutina 1.195 de las primeras (un 10,27%) y 1.995 de las segundas(7,31%).