Proyecto de Decreto por el que se establecen determinadas medidas en defensa de las personas consumidoras en los establecimientos de restauración.

Los más de 36 años de antigüedad del Decreto 198/1987, de 26 de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en defensa de consumidores y usuarios para los establecimientos de restauración y similares, ponen de manifiesto la clara necesidad de revisión y adaptación de dicha disposición a las necesidades actuales del sector.

A lo largo de la vigencia del anterior Decreto, han tenido lugar hitos como el nuevo régimen del derecho de admisión a los establecimientos que supuso el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que implicó la derogación de su artículo 2, o la transposición en nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, concretada en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.

Además, tras el estudio comparado de las normas que regulan los servicios de restauración en el resto de Comunidades Autónomas, se concluye la necesidad de modificación de la práctica totalidad de los artículos del Decreto 198/1987, de 26 de agosto, en unas ocasiones para poder alcanzar el mismo o mayor nivel de protección que otorgan otras Comunidades Autónomas y, en otras ocasiones, por la necesidad de no ser ajenos a las nuevas cuestiones que plantea el sector de la restauración y al impacto de la innovación y de la tecnología en el mismo, que ha generado nuevos comportamientos y necesidades por parte de las personas consumidoras.

La innovación tecnológica en la restauración se manifiesta, al menos, en una doble perspectiva: por un lado, en la digitalización del sector; y, por otro, en los nuevos medios de pago. Si bien ha de respetarse el nivel de digitalización de los establecimientos de restauración, de modo que se permite la coexistencia de todos los establecimientos con independencia de su nivel tecnológico, la normativa reguladora debe adaptarse a esa clara tendencia en la prestación de estos servicios. Internet y el uso cada vez más frecuente de teléfonos móviles, constituyen exponentes de la transformación digital que se viene produciendo: las reservas por Internet, su planificación a través de páginas web o blogs, que aportan información electrónica acerca de los establecimientos de restauración, la consulta on line de las cartas y listas de precios y, una vez en el establecimiento, el uso de los dispositivos móviles para visualizar las cartas, a través de un código QR, es decir, la denominada carta digital, son ejemplos de ello. Asimismo, el pago a través de dispositivos móviles, como teléfonos o relojes, y el uso de aplicaciones o software de pago son cada vez más frecuentes.

La norma que se elabore también debería dar respuesta a cuestiones frecuentes del sector en la actualidad, como son las relativas a las aguas filtradas, la permanencia en el establecimiento o al cobro por servir agua corriente o por otras prestaciones que son inherentes al servicio de restauración que se presta.