Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Adjudicación. Contrato de servicios. Falta de legitimación ad causam de la recurrente. Ocupa la séptima posición en el orden de clasificación de empresas y cuestiona que debió obtener más valoración pero, incluso en el escenario hipotético de una estimación íntegra de los motivos aducidos, la suma máxima de los incrementos posibles (1 punto en la valoración técnica y 6 puntos en el apartado 8.B.3 del PCAP) únicamente permitiría a la recurrente alcanzar 94,29 puntos, lo que la situaría en segunda posición, puntuación insuficiente para superar los 95,00 puntos obtenidos por la adjudicataria. Aunque la recurrente denuncia la insuficiente justificación de la viabilidad de la proposición económica de la adjudicataria, sin embargo, este Tribunal ya declaró, mediante Resolución 572/2026, la suficiencia de la justificación de la oferta de la adjudicataria y confirmó la corrección del análisis técnico efectuado tras la retroacción ordenada por la Resolución 247/2026. Ello determina que los motivos planteados carezcan de virtualidad para alterar la adjudicación, pues incluso en el escenario más favorable para la recurrente, su oferta no alcanzaría la primera posición ni desplazaría a la adjudicataria. Y, es que, los motivos de impugnación han de poseer relevancia material sobre el resultado de la licitación. La estimación de motivos sin incidencia real vulneraría el principio de economía procedimental y desbordaría la función del recurso especial, circunscrita a la tutela de la posición competitiva efectiva del licitador. En consecuencia, la eventual estimación del presente recurso, en ningún caso podría dar lugar a que la recurrente se alzase con la adjudicación del contrato, por lo que no obtendría respecto a este beneficio alguno más allá de la satisfacción moral de que se admitan sus pretensiones o de una hipotética reparación de la legalidad, quedando desbordado así el alcance de la legitimación que otorga el artículo 48 de la LCSP, basado en la existencia de un interés propio y no abstracto o ajeno, hipotético, ni eventual. Por ello, concurre causa de inadmisión del recurso por falta de legitimación ad causam, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55. b) de la LCSP,

Inadmisión. Contrato de servicios. Presentación de dos ofertas. No puede acogerse la alegación de la recurrente relativa a la identidad material de ambas ofertas. Aun cuando se aceptara que las dos presentaciones contenían exactamente la misma proposición económica y técnica, tal circunstancia no desvirtúa el presupuesto fáctico contemplado en la cláusula 15 del PCAP. La prohibición establecida en el pliego no se vincula a la existencia de ofertas alternativas o divergentes, sino a la mera presentación de más de una proposición por un mismo operador económico. La identidad documental no elimina el hecho determinante: la existencia de dos registros electrónicos distintos, cada uno constitutivo de una proposición autónoma. Tampoco puede prosperar el argumento relativo a la ausencia de ventaja competitiva. La regla de oferta única persigue preservar los principios de igualdad de trato, transparencia y seguridad jurídica en el procedimiento de adjudicación, configurándose como una exigencia objetiva cuyo incumplimiento lleva aparejada la consecuencia expresamente prevista en los pliegos. En consecuencia, la aplicación de la cláusula no queda subordinada a la acreditación de una ventaja efectiva o de un perjuicio real para el resto de licitadores. La regla de oferta única opera ex lege y no exige acreditar perjuicio efectivo ni ventaja real. Este Tribunal ya puso de manifiesto en la Resolución 501/2026 que no consta actuación alguna de la recurrente dirigida a retirar la primera oferta presentada, a comunicar incidencia técnica alguna ni a utilizar los mecanismos previstos en la Plataforma de Contratación del Sector Público para sustituir válidamente una proposición previamente registrada. La coexistencia de dos ofertas deriva, por tanto, de la propia actuación del licitador y no de una irregularidad imputable al procedimiento o al órgano de contratación. La exclusión constituye la aplicación estricta de una cláusula autoejecutable del pliego, sin margen de apreciación para el órgano de contratación. Desestimación.

Adjudicación. Impugnación indirecta de los pliegos. Doctrina. Aportación en vía de recurso de documentación no presentada a la licitación. Imposibilidad de subsanación de la oferta en la vía del recurso especial. Valoración de la proposición de la recurrente respecto de dos criterios de adjudicación ponderados mediante juicios de valor. Doctrina aplicable. No se aprecia patente error o arbitrariedad. Desestimación.

Adjudicación. Impugnación indirecta de los pliegos. Doctrina. Aportación en vía de recurso de documentación no presentada a la licitación. Imposibilidad de subsanación de la oferta en la vía del recurso especial. Valoración de la proposición de la recurrente respecto de dos criterios de adjudicación ponderados mediante juicios de valor. Doctrina aplicable. No se aprecia patente error o arbitrariedad. Desestimación.

Adjudicación. Impugnación indirecta de los pliegos. Doctrina. Aportación en vía de recurso de documentación no presentada a la licitación. Imposibilidad de subsanación de la oferta en la vía del recurso especial. Valoración de la proposición de la recurrente respecto de dos criterios de adjudicación ponderados mediante juicios de valor. Doctrina aplicable. No se aprecia patente error o arbitrariedad. Desestimación.

Exclusión. La recurrente combate la exclusión de su oferta respecto del lote 3 invocando que el requerimiento de subsanación de la documetación previa a la adjudicación fue incorrecto e impreciso al remitirse a lo exigido por el pliego que no contemplaba los medios de acreditación de la solvencia para el supuesto de empresas de nueva creación, limitándose a una remisión genérica al pliego. Falta de acreditación de la inscripción en el Registro sanitario que corresponda: la recurrente alega que tampoco respecto de este extremo el requerimeiento fue concreto ni especificó la inscripción en el registro sanitario que se exigía. Solicitud de acceso al expediente: se deniega porque no ha sido solicitada previamente ante el órgano de contratación como exige el artículo 52 de la LCSP. Análisis de la cuestión de fondo por el Tribunal: a la vista de los términos del requerimiento y la falta de previsión en el pliego de los medios alternativos para la acreditación de la solvencia en empresas de nueva creación, en aplicación del principio de porporcionalidad y considerando que la expulsión es la solución más gravosa paar el licitador, se acuerda la retroacción de actuaciones para que se practique un nuevo requerimiento acorde a los que hemos analizado. Estimación.

Adjudicación. Incidencia de los efectos de la estimación del RCT 586/2026 en el presente recurso que se dirige contra el mismo acto administrativo.La controversia suscitada ha perdido de manera sobrevenida su objeto como consecuencia de la estimación del referido recurso y el alcance del pronunciamiento que conlleva la anulación no solo del acto impugnado, sino de todo el procedimiento de licitación por la detección de una infracción de carácter insubsanable que no permite simplemente la retroacción de las actuaciones para la expulsión de la oferta de la adjudicataria en los términos planteados por el órgano de contratación en el informe al recurso. Declaración de concluso del procedimiento.

Adjudicación. La recurrente cuestiona el cumplimiento por la oferta adjudicataria de tres prescripciones técnicas. El órgano de contratación se allana de manera parcial en el informe al recurso reconociendo de manera expresa que no llevó a cabo una verificación pormenorizada del cumplimiento de las especificaciones técnicas con carácter previo a la valoración de las ofertas con arreglo a los criterios sujetos a juicio de valor. Examen por el Tribunal de la aceptación del allanamiento siempre que no constituya infracción manifiesta del ordenamiento juídico: en el caso analizado, y dadas las singularidades concurrentes, aceptar el allanamiento supondría una infracción del ordenamiento jurídico, por la vulneración de las garantías procedimentales. La corrección de la infracción legal detectada no permite la retroacción de actuaciones pretendida para expulsar la oferta de la adjudicataria sino que ha de comportar la anulación de todo el procedimiento de licitación. Estimación.

Pliegos. Suministros. Prescripciones técnicas y limitación de la concurrencia: las prescripciones técnicas deben permitir el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación, no pudiendo generar obstáculos injustificados a la competencia. La Administración debe formular preferentemente las especificaciones técnicas en términos de rendimiento o exigencias funcionales, siempre que sea posible. El propósito material de la normativa estatal y comunitaria es garantizar que la Administración adquiere las prestaciones necesarias para cubrir sus necesidades y no diseños cerrados, salvo que la satisfacción de estas necesidades públicas imponga estrictamente lo contrario. Si el poder adjudicador opta por una prescripción constructiva concreta, deba justificar por qué no puede describir el objeto de forma suficientemente precisa por rendimiento o por qué esa forma constructiva es estrictamente necesaria. Incluso indicando el término “equivalente” en el PPT, es necesario justificar en el expediente por qué se indican esas determinadas características limitadoras de la concurrencia. El efecto acumulado de varias prescripciones técnicas es el que caracteriza la existencia de un pliego a medida con el que la licitación deja de ser un procedimiento de libre competencia para convertirse en un proceso de verificación de identidad con un diseño. Ni en la memoria justificativa, ni en el resto de la documentación del expediente, consta justificación alguna al respecto de la necesidad del establecimiento de condiciones técnicas tan concretas y, en consecuencia, restrictivas de la concurrencia. No es posible introducir esa motivación en vía de informe al recurso. Ámbito revisor del Tribunal: las decisiones del Tribunal tienen una función revisora -apreciar eventuales vicios de la contratación, pudiendo, en su caso, anular y/o retrotraer-, pero no de sustitución del órgano de contratación. Estimación.

Adjudicación. Contrato de servicios. Oferta incursa en presunción de anormalidad. Insuficiente motivación de la exclusión al no relacionar las deficiencias técnicas apreciadas con la inviabilidad económica de la oferta. Confusión entre mejora puntuable, medios mínimos de ejecución y juicio de anormalidad. Estimación