Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Pliegos. Contrato de servicios. Se impugnan el anuncio y los pliegos de la licitación, pero el Tribunal analiza con carácter previo la recurribilidad del contrato y concluye que su valor estimado (59.840 euros) no alcanza el umbral de 100.000 euros exigido por el artículo 44.1 LCSP para los contratos de servicios, por lo que no procede entrar en el examen de los motivos de fondo planteados y se acuerda la remisión del recurso al órgano de contratación para su eventual tramitación por las vías ordinarias. Inadmisión.

Recurso contra la convocatoria de un procedimiento negociado. Contrato de obras. Declaración de desierto por falta de proposiciones presentadas. Inadmisión por pérdida sobrevenida del objeto.

Adjudicación - exclusión. Contrato de servicios. Inviabilidad de oferta anormalmente baja. Una empresa puede disponer de medios propios y de una organización apta para ejecutar materialmente el contrato y, sin embargo, no haber acreditado suficientemente que el precio ofertado permite cubrir la utilización de tales medios y el resto de las obligaciones contractuales. Respecto al absentismo, la cuestión relevante no es la corrección histórica del porcentaje aportado, sino su aptitud para asegurar la cobertura del coste real en la ejecución de este concreto contrato, sujeto a subrogación de personal. Respecto a la coordinación y a las reuniones mensuales de seguimiento, se ha cuantificado el coste de la persona coordinadora, pero la insuficiencia apreciada no radica en negar que una misma persona pueda desempeñar varias tareas, sino en la falta de acreditación específica de que la dedicación comprometida por la mejora (reuniones mensuales) queda razonablemente integrada en los costes declarados, sin que el órgano técnico deba suplir tal ausencia mediante hipótesis sobre la organización interna de la licitadora. Respecto a los costes de formación, la recurrente defiende que la formación tiene coste cero en su oferta por disponer de personal formador propio, si bien, aun admitiendo que ello puedan reducir significativamente el coste de formación, no resulta aceptable tener por acreditado un coste nulo cuando la propia impartición por personal interno, la planificación y gestión formativa y los recursos de soporte implican, en términos económicos, consumo de tiempo y medios que deben quedar cuantificados o, cuando menos, explicados con un mínimo de verificabilidad en la estructura de costes presentada. Respecto a los gastos generales y las economías de escala y la suficiencia del beneficio industrial, la recurrente acredita suficientemente la existencia de economías de escala y la capacidad de su estructura para asumir organizativamente el contrato, pero el juicio técnico de inviabilidad se apoya en una falta de justificación suficiente de gastos generales y partidas vinculadas, y en la imposibilidad de comprobar que el precio ofertado cubre el coste global de ejecución en los términos del pliego, asimismo, el beneficio industrial positivo se valora como un elemento favorable, pero no se considera apto, por sí solo, para suplir la falta de acreditación de partidas significativas ni para neutralizar el diferencial económico conjunto advertido por el informe técnico. Desestimación.

Exclusión. Contrato de servicios. Plazo de interposición: excluido el 20 de agosto, publicado en perfil el 31 de agosto pero sin notificación personal, recurso interpuesto el 1 de octubre. Se entiende interpuesto dentro de plazo al no haber una actuación de la recurrente en el periodo de tiempo examinado que denotara conocimiento de su exclusión. Vista del expediente: se deniega al solicitar las ofertas de otras licitadoras cuando lo que impugna es su propia exclusión. Doctrina sobre la lex contractus: la impugnación indirecta de cláusulas técnicas firmes es jurídicamente improcedente. La apreciación del cumplimiento de las prescripciones técnicas se integra en el ámbito de la discrecionalidad técnica de la Administración. La eventual admisión de otras ofertas no puede alterar la legalidad de una exclusión que cuenta con fundamento propio, conforme a la doctrina reiterada de que el principio de igualdad no ampara la extensión de irregularidades hipotéticas. Desestimación.

Adjudicación. Contrato de servicios. Falta de legitimación. La recurrente ostenta la quinta posición en el orden de clasificación de ofertas. Incluso en el escenario hipotético de una estimación íntegra de la valoración del criterio impugnado la recurrente obtendría 20 puntos más y quedaría clasificada en tercera posición con 85,04 puntos, tras la adjudicataria, con 90,04 puntos y la segunda clasificada con 88,49 puntos. Inadmisión por falta de legitimación ad causam.

Pliegos. Contrato de suministro sujeto al Real Decreto ley 3/2020. Infracción del artículo 145.5 letras b) y c) de la LCSP e infracción de los principios de igualdad de trato y no discriminación respecto de la cláusula relativa a los criterios de adjudicación y apartados del pliego de prescripciones técnicas que se refieren a valores no verificables en fase de licitación que impiden la valoración competitiva entre las distintas ofertas. Análisis por el Tribunal: la cuestión no radica en la existencia de criterios ocultos o introducidos con posterioridad, sino en la insuficiente predeterminación de los parámetros que permiten apreciar la viabilidad técnica de las ofertas.Insuficiente motivación de la elección de los criterios de adjudicación ni de la razón por la que determinados parámetros de rendimiento se configuran como criterios susceptibles de aplicación mediante fórmulas. Inconcreción de los criterios controvertidos pese a reconocerse en el pliego la existencia de mecanismos de verificación y comprobación de los rendimientos ofertados. No se aprecia la infracción del principio de igualdad de trato ni la existencia de ventaja competitiva a favor del contratista actual ni tampoco infracción del artículo 136 de la LCSP ni imposibilidad para la recurrente de haber preparado su oferta tras la respuesta facilitada por el órgano y la posibilidad de realizar pruebas industriales en fase de ejecución que tampoco garantiza que los productos ensayados lo sean en condiciones equivalentes. Tampoco procede la anulación de los apartados del PPT que denuncia por no ser verificables en fase de licitación, en la medida que dichas previsiones atañen a la fase de ejecución contractual sin que contemplen caractaerísticas técnicas y económicas discriminatorias. Estimación parcial.

Adjudicación. Servicios. Inadmisión por presentación del recurso especial fuera de plazo: la notificación se realiza conforme a la disposición adicional decimoquinta de la LCSP (puesta a disposición y publicación en el mismo día). Se sobrepasa sobradamente el plazo máximo de interposición de recurso. Acceso al expediente: el recurso no expresa los defectos o vicios de legalidad de la adjudicación, ni lleva a cabo argumentación alguna al respecto. El acceso mediante comparecencia es correcto si la recurrente pudo tomar cuantas anotaciones estimó pertinentes respecto de la documentación exhibida. Multa por temeridad. Inadmisión.

Adjudicación. Concesión de servicios. Inadmisión por tratarse de un acto no susceptible de recurso: el acuerdo del Pleno municipal impugnado no es una resolución de adjudicación ni es un acto de trámite cualificado. Dicho acuerdo se limita a cumplir con el requisito legal del artículo 150.2 de la LCSP, que exige la aceptación de la propuesta de la mesa por el órgano de contratación para posteriormente proceder al requerimiento de la documentación previa al licitador situado en primer lugar en la clasificación de las ofertas. Pueden aducirse los mismos motivos en relación con la propuesta de la mesa de contratación, también formalmente recurrida. A la recurrente le queda abierta la vía del recurso especial cuando el órgano de contratación dicte y notifique la correspondiente resolución de adjudicación. Inadmisión.

Pliegos. Contrato de servicios de seguridad de viglancia. Normativa sectorial. Iinsuficiente motivación de la indivisión en lotes objeto del contrato: análisis de la cuestión a partir de la doctrina del Tribunal (Resolución 240/2026; 629/2026) y a la vista de la configuración del objeto contractual en tres prestaciones diferenciadas que constituyen actividades para las que se exige distintas habilitaciones profesionales. El Tribunal concluye que no existe motivación suficiente al estar plasmada en términos genéricos la justificación contenida en los pliegos y en el expediente. Respecto del carácter restrictivo de las habilitaciones exigidas, se concluye que el hecho de que la normativa sectorial exija una habilitación profesional para cada actividad no es per se restrictivo de la concurrencia ni ha quedado acreditado por la recurrente, máxime cuando pueden concurrir varias empresas en unión temporal de empresarios. Sobre la falta de claridad en los pliegos respecto de las previsiones sobre subcontratación se concluye que, en aras a garantizar la seguridad jurídica debe observarse la debida coherencia interna de los pliegos. Estimación parcial.

Exclusión. Contrato de suministro. La constitución de la garantía definitiva defectuosa o insuficiente es subsanable, la mesa debió conceder a la empresa propuesta como adjudicataria un trámite de aclaración o subsanación antes de acordar su exclusión del procedimiento. Estimación.