Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Adjudicación. Denegación de acceso al expediente, el órgano de contratación no incumplió en el trámite de vista de expediente concedido a la recurrente, no existe infracción del artículo 52 de la LCSP. Acreditación de la solvencia técnica o profesional, interpretación del artículo 90 de la LCSP. No resulta obligatorio presentar la documentación acreditativa si los pliegos y los servicios del órgano de contratación no lo requieren. Obligatoriedad de inscripción en el REAV, actuaciones de auxilio, a la vista del objeto contractual que resulta más amplio. Alegación de falta de viabilidad de una proposición que no encuentra incursa en valores anormalmente bajos. Doctrina. Solicitud de imposición de multa por parte del órgano de contratación. No procede. Desestimación

Adjudicación. Denegación de acceso al expediente, el órgano de contratación no incumplió en el trámite de vista de expediente concedido a la recurrente, no existe infracción del artículo 52 de la LCSP. Acreditación de la solvencia técnica o profesional, interpretación del artículo 90 de la LCSP. No resulta obligatorio presentar la documentación acreditativa si los pliegos y los servicios del órgano de contratación no lo requieren. Obligatoriedad de inscripción en el REAV, actuaciones de auxilio, a la vista del objeto contractual que resulta más amplio. Alegación de falta de viabilidad de una proposición que no encuentra incursa en valores anormalmente bajos. Doctrina. Solicitud de imposición de multa por parte del órgano de contratación. No procede. Desestimación.

Pliegos. Servicios. Precio unitario: la fijación del precio medio/hora único aplicable a todo el periodo, en un contrato por horas que comprende dos cursos escolares, se apoya en el cálculo explícito y agregado de costes por curso y de horas totales; se traslada de forma uniforme al modelo de proposición; y no genera por sí misma un trato desigual ni una indeterminación de las reglas de competencia. Subrogación: la información facilitada satisface lo exigido por el artículo 130.1 LCSP. La Administración ha cumplido con la exigencia legal, actuando como intermediario entre el contratista actual y los licitadores del nuevo contrato, chequeando que la información sea suficiente para poder hacer una exacta evaluación de los costes salariales, y finalmente publicando dicha información en el PCAP. Valores anormales: el diseño del PCAP, en cuanto sistema plural de parámetros y con trámite contradictorio, no revela por sí mismo una contradicción jurídica determinante que imponga su anulación. Desestimación.

Exclusión por la mesa de contratación de la oferta de la recurrente, por no justificar adecuadamente la viabilidad de su proposición, incursa inicialmente en presunción de anormalidad. Contrato de servicios. En el procedimiento contradictorio regulado en el artículo 149 de la LCSP, la mesa de contratación -como órgano de asistencia técnica al órgano de contratación- debe limitarse a proponer motivadamente al órgano de contratación la propuesta de aceptación o rechazo de la oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad; siendo este el competente para excluir o aceptar la proposición. Como mera propuesta de exclusión carente de eficacia decisoria autónoma, no constituye un acto de trámite cualificado susceptible de recurso especial conforme al artículo 44.2 b) de la LCSP. No obstante, si, al menos, el órgano de contratación hubiese efectuado alguna actuación posterior de la que pudiera desprenderse que ha convalidado expresa o tácitamente la decisión de exclusión de la mesa, este Tribunal por razones de economía procedimental habría entrado a conocer de la cuestión de fondo suscitada en el recurso, pero en el estado actual del procedimiento de adjudicación no hay indicio alguno de que el órgano de contratación haya validado de forma expresa o tácita el rechazo de la oferta acordado por la mesa. A este respecto, no puede considerarse como refrendo a la actuación de la mesa, el que el órgano de contratación indique como conclusión en el informe emitido en la tramitación del procedimiento del recurso que “se reitera en la decisión adoptada con fecha 28 de agosto por la cual se rechaza la oferta de [la recurrente] para los lotes 1 y 2, dado que resulta plenamente ajustada a Derecho”, y es que el citado informe, emitido exclusivamente a los efectos de la sustanciación del procedimiento de recurso, no constituye en sí mismo un acto administrativo resolutorio dictado en el procedimiento de contratación ni puede suplir la ausencia de una decisión formal del órgano competente. Concurre, pues, la causa de inadmisión del recurso prevista en el artículo 55. c) de la LCSP, al haberse interpuesto contra un acto no susceptible de impugnación; sin perjuicio del derecho que asiste a la recurrente a impugnar mediante un nuevo recurso especial la eventual decisión futura del órgano de contratación que confirme, expresa o tácitamente, la exclusión propuesta por la mesa de contratación. Inadmisión.

Exclusión. Servicios. Acto recurrible: la única resolución donde se plasma, aunque sin un pronunciamiento expreso, la exclusión de la recurrente es la resolución de adjudicación, por lo que este es el acto administrativo formal contra el que se dirige el recurso, de la misma forma que ha de colegirse que la motivación de la exclusión es, única y exclusivamente, la recogida en el informe técnico desfavorable. Valores anormales: justificación basada en subvenciones futuras. La exclusión se ha sustentado en un requisito probatorio (la indubitabilidad futura de la concesión de ayudas) que excede del canon del artículo 149 LCSP, y porque, al hacerlo, se ha impuesto de facto a la recurrente una carga imposible o desproporcionada, incompatible con la finalidad del procedimiento contradictorio. Estimación.

Pliegos. Errores en el listado con las condiciones laborales de los contratos a los que afecta la subrogación empresarial. Art. 130 de la LCSP. Doctrina. Cuestión que queda dentro del ámbito de la jurisdicción laboral. El órgano de contratación aporta nuevo listado que no ha sido publicado en el perfil de contratante. Procede la estimación parcial a efectos de que lo publique. Cálculo de los costes laborales a efectos del presupuesto base de licitación (PBL). Art. 100 de la LCSP. La recurrente menciona genéricamente que no están actualizados, sin embargo, en la memoria justificativa del expediente se puede apreciar que sí se tienen en cuenta las subidas salariales para los años de ejecución del contrato. La recurrente no realiza cálculo alguno del que pueda inferirse la insuficiencia del PBL. Falta de fundamentación de este motivo de recurso. Estimación parcial.

Adjudicación. Inadmisión por falta de legitimación ad causam, respecto al motivo de la incorrecta aplicación del contenido de determinadas cláusulas del pliego. La valoración de las ofertas conforme a los criterios de adjudicación sujetos a un juicio de valor se ve amparada por el informe efectuado por órgano técnico, debidamente motivado, por lo que no se han rebasado los límites de la discrecionalidad técnica. No se estima la solicitud de petición de multa instada por la entidad adjudicataria. Desestimación.

PCAP. Contrato de servicios. Criterios sujetos a juicio de valor y automáticos. Valoración certificaciones ISO. Fórmula de valoración de la oferta económica. En primer lugar, el Tribunal considera que no resulta conforme con el artículo 146.2 de la LCSP la inclusión entre los criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas de criterios respecto a los que su aplicación no se limita a una mera comprobación objetiva ni a la aplicación de una fórmula predeterminada, sino que requiere apreciaciones técnicas subjetivas propias de un criterio dependiente de juicio de valor. En segundo lugar, se impugna la valoración de las certificaciones ISO 45001 e ISO 18788 como criterios de adjudicación. El Tribunal desestima este motivo al considerar que se justifica una vinculación material entre las certificaciones valoradas y la naturaleza y condiciones de ejecución de las prestaciones objeto del contrato. En tercer lugar, se impugna la fórmula de valoración de la oferta económica. El Tribunal considera que no le corresponde sustituir la fórmula elegida por el órgano de contratación por otra que pudiera resultar más favorable a los intereses o estrategia económica de una determinado licitadora, por lo que, al no haberse acreditado que la empleada comporte discriminación, arbitrariedad o una alteración artificial de la relevancia económica de las ofertas, desestima este motivo de impugnación. La proporcionalidad lineal aplicada respeta lo establecido en el artículo 146.2 de la LCSP, al asignar la puntuación económica de forma coherente con la variación real del precio ofertado. Estimación parcial.

PCAP. Contrato de servicios. Criterios sujetos a juicio de valor y automáticos. En primer lugar, el Tribunal considera que no resulta conforme con el artículo 146.2 de la LCSP la inclusión entre los criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas de criterios respecto a los que su aplicación no se limita a una mera comprobación objetiva ni a la aplicación de una fórmula predeterminada, sino que requiere apreciaciones técnicas subjetivas propias de un criterio dependiente de juicio de valor. En segundo lugar, se impugna el solapamiento de la documentación exigida en los sobres electrónicos números 2 y 3. estimado el motivo anterior, el órgano de contratación, al reformular los pliegos, deberá diferenciar con precisión qué aspectos de la propuesta técnica serán objeto de cada criterio, evitando la valoración duplicada de un mismo contenido y organizando la documentación conforme a la verdadera naturaleza de cada criterio. En tercer lugar, se impugna la posible vulneración del secreto de las proposiciones y el riesgo de contaminación entre sobres. Se acoge este motivo si bien, su estimación se encuentra estrechamente vinculada a la incorrecta clasificación de los criterios examinados, debiendo el órgano de contratación, al elaborar los nuevos pliegos, delimitar de forma coherente los contenidos objeto de evaluación en cada fase, evitando duplicidades valorativas y garantizando que la información correspondiente a los criterios automáticos no pueda ser conocida antes de concluir la valoración de los dependientes de juicio de valor. Estimación.

Adjudicación. Servicios. Legitimación: existe, en tanto que el recurso pretende demostrar la existencia de vicios legales en la fase de valoración de las ofertas técnicas y que estas se han producido en su concreto perjuicio, lo que podría aparejar la anulación de todo el procedimiento. Acceso al expediente: no caben prospecciones generales a la búsqueda de errores o incumplimientos desconocidos. Petición de prueba: se consideran innecesarias o improcedentes. Alteración del orden procedimental en la evaluación de criterios de juicio de valor: la firma del informe técnico con carácter posterior a la apertura del sobre 3 implica dos riegos, una posible manipulación posterior del informe y la contaminación del evaluador. En el caso concreto, se considera que no se han materializado estos riesgos, al quedar constancia documental completa en el expediente administrativo de todos los pasos procedimentales realizados mediante la aportación de toda la documentación generada (informes, convocatorias, actas, correos electrónicos). En otro caso, el hecho de la emisión de los informes técnicos con posterioridad a la apertura del sobre 3, hubiera dado lugar, con gran seguridad, a la anulación del procedimiento, ante la imposibilidad de poder justificar documentalmente la alteración de los trámites en las fases correspondientes. Error material en el informe técnico: es reconocido por el propio órgano de contratación, pero sus consecuencias no provocan el cambio en la clasificación de las propuestas. Economía procesal. Errores no invalidantes en la documentación: un error en la transcripción del NIF es un error material sin incidencia jurídica en la identificación de la licitadora ni en la valoración realizada. Desestimación.