Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Pliego. Recurso contra los pliegos de un contrato de servicios del que la entidad recurrente desiste expresamente antes de entrar en el fondo, aceptando el Tribunal el desistimiento conforme a la LPACAP y dando por concluido el procedimiento sin pronunciamiento material. Desistimiento.

Pliego y anuncio de licitación. Impugnación de los pliegos por omitir la subrogación de personal, declarando el Tribunal que la obligación de subrogación no nace del pliego sino de la normativa laboral aplicable y que no resulta aplicable el convenio de transporte sanitario al no ser la actividad principal del contrato, apreciando correcta y motivada la configuración del PCAP y del deber de información del artículo 130 LCSP. Desestimación.

Exclusión. Contrato de obras, exclusión de una UTE por no acreditar la clasificación obligatoria C‑3 categoría 4 exigida en el PCAP, declarando el Tribunal que la clasificación es un requisito indispensable no integrable mediante solvencia externa y que, en UTE, solo computa la de las empresas integrantes conforme al artículo 52 RGLCAP. Desestimación.

Concierto social. Se estimó el recurso al apreciarse que la exclusión por falta de solvencia económica se basó en una interpretación excesivamente rígida y formalista del PCAP, sin ponderar adecuadamente la condición de empresa de nueva creación de la licitadora ni el régimen legal de los artículos 87 y 88 LCSP, que se integra necesariamente en el pliego aun cuando no esté expresamente citado. El Tribunal declaró que la propuesta de adjudicación es un acto de trámite cualificado y puede ser corregida antes de la adjudicación sin necesidad de revisión de oficio, pero consideró indebida la exclusión al no motivarse de forma reforzada por qué los medios alternativos de acreditación previstos (seguro, integración de solvencia con entidad tercera) resultaban materialmente insuficientes. En consecuencia, se anuló el acuerdo de exclusión y se acordó la retroacción de actuaciones para una nueva valoración motivada de la solvencia, sin reconocimiento automático de adjudicación. Estimación.

Adjudicación. La recurrente, situada en el quinto lugar en el orden de clasificación de proposiciones, plantea que la valoración de las ofertas se ha efectuado sobre una premisa material errónea o no debidamente verificada al considerar como superficie plenamente disponible zonas del emplazamiento afectada por infraestructuras eléctricas existentes, cuya incidencia condicionaba la implantación real de las soluciones propuestas. Análisis de la legitimación ( doctrina del Tribunal acerca del concepto de interés legítimo, Resolución 254/2021, de 24 de junio, entre otras) Sostiene que las ofertas cuya implantación no respetaba las afecciones existentes o cuya viabilidad real no fue técnicamente acreditada, no podían ser objeto de valoración, ni servir de base a la adjudicación, provocando una distorsión de la competencia y una alteración del resultado de la valoración. Vulneración en el procedimiento de los principios de igualdad, transparencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa a la vista del carácter vinculante de los pliegos. Tras el examen de la cuestión se concluye que no ha quedado acreditado que se haya producido en el seno del procedimiento de valoración comparativa de las ofertas las infracciones denunciadas. Innecesariedad de la prueba solicitada. Desestimación.

Adjudicación. Contrato de servicios sujeto a regulación armonizada. Se desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de adjudicación al considerarse conforme a Derecho el tratamiento y aceptación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, al haberse tramitado correctamente el procedimiento del artículo 149 LCSP, concediendo trámite de audiencia, valorando las justificaciones aportadas mediante informe técnico motivado y apreciando razonablemente la viabilidad global de las ofertas, sin exigencia de un modelo único ni desgloses exhaustivos por especialidades. El Tribunal afirmó que la valoración de la suficiencia de las justificaciones constituye un juicio técnico que goza de presunción de acierto, no apreciándose error manifiesto, arbitrariedad ni falta de motivación, ni vulneración de los principios de igualdad, transparencia o concurrencia. Asimismo, se rechazó la existencia de indefensión material por la limitación de acceso a documentación confidencial de terceros, al haber tenido la recurrente información suficiente para articular su defensa. Desestimación.

Pliegos. Falta de motivación de los requisitos de solvencia técnica previstos en el p liego. No se aprecia la infracción en la determinación de las especificaciones técnicas: discrecionalidad técnica que asiste al órgano de contratación en la configuración del objeto del contrato. Arraigo territorial: la exigencia al adjudicatario de una oficina en la provincia de Almería no supone una vulneración de los principios de igualdad y libre concurrencia. Las cláusulas sobre pago del contrato no se compadecen con el régimen legal previsto en el artículo 198.4 de la LCSP y en la Ley 3/2004. Los pactos en los contratos del sector público no pueden ser contrarios al ordenamiento jurídico, por lo que las reglas de pago contenidas en el PCAP no estarían amparadas por la libertad de pactos prevista en el artículo 34 de la LCSP, como pretende la recurrente. La tramitación urgente del expediente de contratación está justificada conforme a lo previsto en el artículo 119 de la LCSP. Estimación parcial

Contrato de servicios. El recurso especial se dirigía contra el informe de valoración de la memoria técnica en un contrato de servicios convocado por el Ayuntamiento de Motril cuyo valor estimado ascendía a 35.357,86 euros, inferior al umbral de 100.000 euros exigido por el artículo 44.1.a) de la LCSP para la procedencia del recurso especial en contratos de servicios. En consecuencia, el Tribunal declaró que el contrato no era susceptible de recurso especial por razón de su cuantía, sin entrar en el fondo del asunto. Inadmisión.

Exclusión. Contrato de servicios financiado con fondos europeos. Se consideró conforme a Derecho la exclusión de la entidad licitadora por incumplimiento de una condición esencial del PCAP, al haber presentado ofertas técnicas completas a más de un lote pese a existir una prohibición expresa y absoluta de concurrencia múltiple, establecida de forma clara en el Anexo I del pliego. El Tribunal rechazó que el orden de preferencia declarado pudiera operar como mecanismo corrector, al estar previsto únicamente para supuestos en los que se permite concurrir a varios lotes y se limita solo la adjudicación, no la presentación de ofertas. Asimismo, descartó la aplicación de los principios de proporcionalidad o favor negotii frente a una regla clara del pliego, al tratarse de un incumplimiento sustantivo no subsanable que afectó a la igualdad de trato y a la configuración competitiva del procedimiento, sin que las funcionalidades de la plataforma electrónica eximan del cumplimiento del PCAP. Desestimación.

Exclusión. Servicios. Tramitación preferente de licitaciones dotadas con fondos europeos. Legitimación ad causam. Carece de legitimación quien no puede obtener un beneficio directo del recurso especial porque no puede resultar adjudicatario. La exclusión por valores anormales debe realizarse a través de acuerdo del órgano de contratación, siendo este el acto recurrible. No es recurrible la propuesta de exclusión que realiza la mesa de contratación. Inadmisión por falta de legitimación de la recurrente.