Resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

Exclusión de la oferta por un retraso logístico de la empresa a la que la recurrente entregó las muestras, cuestionando la decisión de la mesa porque la recepción tardía de las muestras obedeció a problemas internos de la empresa de mensajería. El PCAP regulador era meridianamente claro al prever que los licitadores debían aportar la documentación acreditativa de la presentación de las muestras en el lugar indicado en el anuncio de licitación. El riesgo intrínseco derivado del medio de transporte seleccionado para enviar las muestras corresponde al licitador, siendo exigible no solo su expedición, sino su efectiva recepción en el lugar determinado. Doctrina sobre el carácter de los pliegos como lex contractus. La exclusión acordada no vulnera el principio de proporcionalidad ni los principios antiformalistas y de máxima concurrencia. Desestimación.

PCAP. Contrato de servicios. En primer lugar, la entidad recurrente sostiene que la exigencia de haber prestado servicios de ayuda a domicilio durante cada uno de los tres últimos años en al menos cinco municipios de más de 20.000 habitantes y con un mínimo de 200 usuarios en cada uno de ellos constituye un requisito de solvencia técnica desproporcionado, injustificado y restrictivo de la competencia. Doctrina sobre la discrecionalidad técnica del órgano de contratación para la determinación de los criterios de solvencia técnica y profesional. El control que corresponde realizar al Tribunal no consiste en sustituir el criterio técnico del órgano de contratación por otro que pudiera considerarse más conveniente, sino en verificar si dicho requisito aparece debidamente motivado en el expediente y si su configuración resulta razonable, proporcionada y vinculada a las concretas necesidades del contrato. Desde esta perspectiva, se aprecia que ni en el PCAP ni en la documentación preparatoria incorporada al expediente consta una justificación específica que explique por qué la adecuada ejecución del servicio de ayuda a domicilio exige necesariamente que la experiencia previa se haya desarrollado en cinco municipios distintos, por qué dichos municipios deben superar un determinado umbral poblacional o por qué resulta imprescindible acreditar la atención simultánea de un volumen mínimo de 200 usuarios en cada uno de ellos. El expediente carece de motivación previa que explique la conexión entre las necesidades del contrato y los concretos parámetros establecidos, incumpliéndose los artículos 74 y 132 LCSP. La justificación aportada en sede de recurso no puede subsanar la ausencia de motivación ex ante exigida por los artículos 100 y 116.4 LCSP. Procede, por tanto, estimar el motivo y declarar la invalidez de la cláusula 10.2 del PCAP. En segundo lugar, se impugna el criterio de adjudicación denominado «Adaptación de cuartos de baño: hasta 7 puntos», previsto en la cláusula 12.1.B.2 del PCAP, respecto del cual la recurrente denuncia una insuficiente concreción de las prestaciones susceptibles de valoración y una remisión al PPTP que no permitiría conocer adecuadamente el contenido de las mejoras ofertables. La motivación aportada en sede de recurso no puede subsanar la omisión de una motivación previa, expresa y verificable en el expediente de contratación, exigible ex ante conforme a los artículos 100 y 116.4 de la LCSP, puesto que priva a los licitadores de conocer la configuración y valoración de las mejoras en el momento de preparación de sus ofertas. Además, la cláusula 12.1.B.2 del PCAP, en relación con el apartado 2.2.4 del PPTP no acreditaban fehacientemente que la única mejora fuese el cambio de bañera por plato de ducha, más bien, al contrario, la lectura de ambas cláusulas dejaba la incertidumbre a las licitadoras sobre el carácter de las mejoras y su valoración, en este sentido, es significativa la referencia en el PPTP a “otras mejoras que puedan establecerse por la empresa”. En consecuencia, el Tribunal concluye que la cláusula 12.1.B.2 del PCAP vulnera los principios de transparencia, igualdad de trato y objetividad en la evaluación de las ofertas. La falta de especificación permite que las licitadoras propongan mejoras heterogéneas y obliga al órgano de contratación a valorar actuaciones no predeterminadas, generando una discrecionalidad incompatible con lo establecido el artículo 145.5.b) de la LCSP. Procede estimar este motivo y declarar la invalidez del criterio en su configuración actual.

Anuncio de licitación, pliegos y memoria justificativa Contrato de servicios. Allanamiento del órgano de contratación. El Tribunal entiende que no existen razones jurídicas para considerar que el reconocimiento o allanamiento del órgano de contratación pueda constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, dado que éste reconoce expresamente la insuficiencia del desglose del PBL, procediendo su aceptación y la estimación del recurso.

Anuncio de licitación, pliegos y memoria justificativa Contrato de servicios. Allanamiento del órgano de contratación. El Tribunal entiende que no existen razones jurídicas para considerar que el reconocimiento o allanamiento del órgano de contratación pueda constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, dado que éste reconoce expresamente la insuficiencia del desglose del PBL, procediendo su aceptación y la estimación del recurso.

Anuncio de licitación, pliegos y memoria justificativa Contrato de servicios. Allanamiento del órgano de contratación. El Tribunal entiende que no existen razones jurídicas para considerar que el reconocimiento o allanamiento del órgano de contratación pueda constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, dado que éste reconoce expresamente la insuficiencia del desglose del PBL, procediendo su aceptación y la estimación del recurso.

Adjudicación. Contrato de servicios. Falta de motivación de la exclusión por no concretarse las razones de la insuficiente solvencia ni valorarse la documentación aportada en subsanación, generando indefensión. Estimación.

Adjudicación. Contrato de servicios. Falta de motivación de la exclusión por no concretarse las razones de la insuficiente solvencia ni valorarse la documentación aportada en subsanación, generando indefensión. Estimación.

Pliegos. Contrato de servicios. Inadmisión por falta de legitimación activa. La jurisprudencia del TARCJA ha reiterado de forma constante que la legitimación para impugnar los pliegos corresponde, como regla general, a quienes han participado en la licitación mediante la presentación de oferta, pues solo ellos pueden resultar adjudicatarios y, por tanto, ostentar un interés jurídico cualificado en la corrección de las reglas que rigen el procedimiento. Esta regla general se fundamenta en que la mera condición de operador económico del sector o la simple discrepancia con el contenido técnico o económico de los pliegos no constituye, por sí sola, un interés legítimo en los términos exigidos por la LCSP. El Tribunal ha precisado que dicha regla admite una única excepción: la legitimación del operador que, aun no habiendo presentado oferta, acredita de forma concreta, suficiente y no meramente hipotética que una cláusula del pliego le impide concurrir en condiciones de igualdad, ya sea por imponer requisitos de solvencia inalcanzables, prohibiciones de participar, incompatibilidades normativas o cualquier otra restricción objetiva que excluya o limite su acceso a la licitación. Esta excepción, de aplicación estricta, exige que el recurrente identifique la cláusula concreta que genera la imposibilidad de concurrir, que describa el nexo causal entre dicha cláusula y la imposibilidad de participar y que aporte elementos objetivos que acrediten que la restricción es real, efectiva y no subsanable. La entidad recurrente no ha presentado oferta en la licitación, situándose en la regla general de falta de legitimación activa. Para superar dicha regla, debería acreditar que alguna cláusula del pliego le impide concurrir en condiciones de igualdad. Sin embargo, la recurrente no identifica ninguna condición de solvencia, prohibición de contratar, incompatibilidad, restricción técnica o requisito jurídico que imposibilite su participación. La propia estructura del recurso evidencia que la recurrente ha podido conocer íntegramente el contenido de los pliegos, analizar las rutas, frecuencias, unidades técnicas, costes salariales y medios materiales, y elaborar un escenario económico alternativo, lo que demuestra que no existe obstáculo alguno que le impida formular una oferta. La pretensión de sustituir las estimaciones del órgano de contratación por las propias del operador económico no integra un interés legítimo en los términos del artículo 48 LCSP, ni habilita la legitimación excepcional del no licitador. En consecuencia, al no haber presentado oferta y no acreditar que ninguna cláusula del pliego le impida concurrir en condiciones de igualdad, la recurrente carece de legitimación activa para interponer el recurso especial, procediendo su inadmisión conforme al artículo 55.b) de la LCSP y a la doctrina consolidada del TARCJA, que excluye expresamente la acción pública y exige un interés legítimo real, concreto y jurídicamente cualificado para impugnar los pliegos rectores de la licitación. Inadmisión por falta de legitimación.

Adjudicación. Acuerdo marco de suministro. El Anexo II del Cuadro Resumen no se limitaba a exigir la acreditación de suministros genéricamente incluidos en el ámbito del material sanitario o del código CPV 331, sino que establecía expresamente que, a efectos de determinar la similitud con el objeto contractual, debían tomarse en consideración los artículos con las mismas características técnicas definidas en el Catálogo de Bienes y Servicios del Servicio Andaluz de Salud y, en concreto, aquellos correspondientes a la familia SU.PC.SANI.01.00.01 "Apósitos", lo que constituye una concreción legítima del órgano de contratación conforme al artículo 90 de la LCSP y a la doctrina reiterada de este Tribunal que exige interpretar la solvencia de forma estricta y conforme a la lex contractus, exigencia que opera como criterio de selección cualitativa y que delimita el ámbito material de experiencia exigible, excluyendo acreditaciones genéricas o no referenciadas a la familia concreta, de los licitadores en los productos objeto del acuerdo marco. Desde esta perspectiva, no puede compartirse la tesis de la recurrente según la cual la mera referencia en los certificados aportados al CPV 331 o al suministro genérico de material sanitario permitiría tener por acreditada la solvencia exigida, pues la redacción del pliego evidencia la voluntad del órgano de contratación de concretar el ámbito de experiencia requerido mediante una categoría material más precisa que la derivada de un código CPV de carácter general, siendo además significativo que una parte sustancial de los licitadores pudiera acreditar el requisito mediante certificados ajustados a dicha exigencia sin que conste impugnación previa de los pliegos respecto de este extremo. Así, uno de los certificados no admitidos a la recurrente se limita a certificar un volumen de negocio derivado del "suministro de material sanitario" identificado genéricamente mediante un CPV 331xxxxxx, sin incorporar referencia alguna a apósitos, a la familia específica exigida en el pliego o a las características técnicas de los productos suministrados, de modo que, atendiendo exclusivamente a la documentación que fue efectivamente presentada a la mesa en el momento procedimental oportuno, la conclusión alcanzada por la mesa se ajusta al estándar de discrecionalidad técnica y supera el control de razonabilidad y proporcionalidad exigido por la doctrina de este Tribunal, al no permitir el certificado identificar suministros vinculados a la familia SU.PC.SANI.01.00.01 ni acreditar características técnicas equiparables. Tampoco puede acogerse la pretensión de que este Tribunal valore la documentación complementaria relativa a contratos o adjudicaciones de los que supuestamente derivarían tales certificados cuando dicha documentación no fue aportada durante el procedimiento ni en el trámite de subsanación expresamente concedido al efecto, pues ello equivaldría, en la práctica, a permitir una nueva acreditación de la solvencia con posterioridad al momento procedimental legalmente previsto, alterando las condiciones de concurrencia y el régimen de igualdad aplicable al conjunto de licitadores. Asimismo, no se aprecia vulneración de los principios de proporcionalidad, concurrencia o igualdad de trato invocados por la recurrente, puesto que la exigencia controvertida figuraba expresamente incorporada a los pliegos, resultaba aplicable por igual a todos los participantes y fue objeto de aplicación uniforme durante el procedimiento, sin que se haya acreditado que otros licitadores obtuvieran un tratamiento más favorable aportando documentación de contenido equivalente a la presentada por la recurrente. Finalmente, en cuanto a la alegada insuficiencia de motivación, el Tribunal considera que tanto las actas de la mesa de contratación como la resolución recurrida exteriorizan de forma suficiente las razones determinantes de la exclusión, identificando los certificados considerados válidos, los documentos que no fueron estimados aptos para acreditar la solvencia técnica y la concreta causa por la que la subsanación presentada no permitió entender cumplido el requisito exigido, motivación que, aun pudiendo ser sucinta, cumple el estándar mínimo exigido por el artículo 35.1 de la LPAC y permite conocer la ratio decide en seguida por el órgano de contratación y articular frente a ella una defensa efectiva, como demuestra el propio contenido del recurso interpuesto. Desestimación.

Pliegos. Suministros. Acceso al expediente: la entidad recurrente no ha solicitado la vista al órgano de contratación dentro del plazo de interposición del recurso especial. El recurso está suficientemente fundado. Discrecionalidad técnica. No división en lotes: el expediente incorpora una motivación tanto en la memoria justificativa como en el Anexo I del PCAP, que justifica la no división en lotes. Esta motivación se complementa con el informe técnico del órgano de contratación. Subcontratación: el estándar aplicable no impone necesariamente que el expediente contenga una motivación individualizada por cada tarea, sino que la restricción en su conjunto esté justificada de forma razonable y vinculada al objeto del contrato y a su correcta ejecución, de modo que se permita el control de ausencia de arbitrariedad. Protección de datos: más allá del necesario cumplimiento de la legalidad vigente, las cuestiones sobre protección de datos se conectan también con valoraciones técnicas. Nulidad del anuncio: no puede desplazarse el debate sustantivo de legalidad (contenido de los pliegos) hacia una nulidad del anuncio cuando el contenido esencial de la convocatoria se integra con los documentos contractuales puestos a disposición y el recurso se ha interpuesto y sustanciado con plenitud. Plazo de interposición: el defecto en el pie de recurso no ha causado ningún efecto nocivo en la actora, en tanto que interpuso su recurso en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del anuncio y los pliegos, e incluso, de no haber sido así, hubiera operado el mecanismo garantista del artículo 40.3 LPAC. Desestimación.