La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia es una de las siete entidades participantes en el proyecto SISOB (An Observatorium for Science in Society based in Social Models), cuyo objetivo es explorar nuevos modelos con los que evaluar el impacto de la ciencia en la sociedad. Se trata de un proyecto de colaboración que lidera la Universidad de Málaga y que se enmarca dentro del programa específico ‘Ciencia en Sociedad’, incluido en el VII Programa Marco de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013) de la Unión Europea (7PM).
Además de la Consejería y la universidad malagueña, participan en esta investigación la Universidad de Duisburg-Essen, en Alemania; la Fundación Frontiersln de Suiza; el Instituto para la Organización de la Investigación (IRO) de forma conjunta con la Academia Húngara de Ciencias (HAS); la Fundación Rosselli, de Francia; y la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Asimismo, otras dos entidades forman parte de la iniciativa como colaboradoras: la Universidad de Ljubljana (Eslovenia) y la propia Universidad de Granada.
Los participantes se han reunido hoy en la UMA en una sesión de trabajo para perfilar y coordinar algunas cuestiones de trabajo relacionadas con este proyecto, que arranca este mes de enero y que concluirá en diciembre de 2013. Las herramientas que se prevé desarrollar están orientadas a medir el impacto social que puede llegar a tener cualquier investigación científica y, en particular, la forma en la que el conocimiento permea en la sociedad y cómo ésta acaba apropiándose de aquel.
La metodología que se quiere aplicar está basada en la detección de interacciones dentro y entre múltiples comunidades de científicos, periodistas, industriales, gestores de políticas públicas y consumidores, a partir de las cuales se construirán modelos con los que obtener indicadores de tipo social y así poder predecir la repercusión que cualquier avance científico puede llegar a tener socialmente.
La puesta en marcha de esta investigación ha venido propiciada por la preocupación creciente de diversos colectivos y, especialmente, de la Administración pública, en torno al impacto social de la investigación. El establecimiento de indicadores que midan este impacto desde diferentes perspectivas, de forma horizontal o sectorial, ha sido y es una preocupación constante de los responsables de las políticas públicas científicas y tecnológicas, no sólo a nivel regional, nacional, nacional o comunitario, sino también en ámbitos más restringidos como las universidades y organismos de investigación.
Una participante singular
En la evaluación positiva del proyecto ha influido el hecho de que uno de los participantes sea la Administración andaluza, destacando la comisión el hecho de que la presencia de la misma puede ayudar a incrementar el impacto de la propia investigación, para cuyo desarrollo la Unión Europea ha concedido 1,4 millones de euros.
El 7PM es, hoy por hoy, un espacio 100% competitivo donde la excelencia constituye el único criterio para el éxito de cualquier propuesta. Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz pretende animar al resto de entidades de la comunidad, y en especial a las empresas, a abrirse camino en el ámbito de la investigación europea, buscando fomentar su participación en el 7PM, la principal herramienta de la UE para financiar proyectos de I+D+i. El Programa constituye un escenario en el que universidades, organismos de investigación y empresas pueden lograr que el conocimiento generado revierta en la sociedad, y es un espacio inmejorable para trabajar en colaboración con otras regiones y países europeos, superando entornos y mercados que, hasta hace poco tiempo, se presentaban como inalcanzables.
Andalucía en el 7PM
La participación de Andalucía en el VII Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea ha alcanzado, a lo largo de sus cuatro años de vida, un retorno de 71,1 millones de euros, alcanzándose en 2010 los 15,7 millones, y en 2009 la cifra récord de 25 millones de euros. Hasta el momento, del total de fondos captados del 7PM por entidades andaluzas, un 31% corresponde a las universidades (22,1 millones), en torno a un 47% a empresas (33,1 millones), un 4,7% a la Administración pública, un 7,5% a centros y organismos de investigación y un 9,8% a otras entidades.
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